El rechazo a 48 de las 209 recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le dio al Gobierno de Nicaragua, para que mejore en materia de derechos humanos, revela una actitud arrogante y peligrosa del gobierno de Daniel Ortega, porque no muestra voluntad política para fortalecer la democracia en el país, opinaron defensores de derechos humanos en Nicaragua.
Las recomendaciones fueron efectuadas en mayo pasado por los diferentes Estados durante el segundo Examen Periódico Universal (EPU). Mientras que el rechazo de estas se dio esta semana por el embajador del Gobierno, Carlos Robelo, en la 27 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra.
Esa posición del Gobierno ha sido reiterada y la rechazamos, dijo Azahálea Solís, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).
Solís recordó las denuncias que han quedado en la impunidad y que son ejemplos claros de violación y represión, a como fue la violencia en Nueva Guinea después de señalar el robo de las elecciones municipales, cuando la Policía desnudó y manoseó a mujeres antes de meterlas a las celdas.
ACTITUD ARROGANTE
El embajador del Gobierno, Carlos Robelo, en la 27 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, dijo que en Nicaragua no hay ninguna persecución contra defensores de derechos humanos y periodistas.
También rechazó todas las recomendaciones relacionadas con la violencia hacia la mujer, así como lo relativo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Estos dos puntos estaban entre los 26 que Nicaragua decidió en mayo traer a consultar al país. La justificación fue que por principio de soberanía Nicaragua no va a ratificar ninguna convención internacional.
[/doap_box]
También recordó la violencia del OcupaInss cuando turbas sandinistas llegaron, golpearon y robaron a jóvenes que apoyaban la lucha de los adultos mayores. Lo importante es que nos demos cuenta de la posición del Gobierno y no nos llamemos a engaño. Ya sabemos la actitud del Gobierno, siempre mienten, es la política de la impunidad, recalcó la activista.
Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dijo que es lamentable la posición del Gobierno porque asumió una actitud arrogante y dio el mensaje de que no cesará en violaciones a la Constitución Política y derechos humanos.
El objetivo del EPU era corregir los abusos con el objetivo de fortalecer los sistemas democráticos, en cambio lo que obtuvimos fue una actitud de arrogancia del Gobierno muy distante a un gobierno democrático y respetuoso de los derechos humanos, dijo Cuevas.
Ver en la versión impresa las páginas: 2 A