Derecho de propiedad y Gran Canal - La Prensa

Derecho de propiedad y Gran Canal

No es posible asegurar que las protestas contra el proyecto chino de construcción del Canal Interoceánico en Nicaragua, que hasta ahora han sido aisladas, se pudieran convertir en un movimiento nacional. Pero tampoco se puede descartar esa posibilidad.

22/09/2014

No es posible  asegurar que las protestas contra el proyecto chino de construcción del Canal Interoceánico en  Nicaragua, que hasta ahora han sido aisladas, se pudieran convertir en un movimiento  nacional. Pero tampoco se   puede descartar esa posibilidad.

 Las protestas contra el proyecto del Canal  ya han pasado de cuestionamientos  políticos, jurídicos y ecológicos  a movilizaciones populares  como la del viernes  pasado en  la comunidad rivense de Tolesmayda,  apoyada por  las de El Menco, Obrajuelo, La Chocolata y Buenos Aires, todas ellas situadas en la posible ruta del Canal o  sus alrededores. Y el detonante  ha sido la presencia intimidatoria de personajes  chinos —acompañados por efectivos armados de la Policía y el Ejército de Nicaragua— que   andan  midiendo  los terrenos de las propiedades que presumiblemente serán o  podrían ser expropiadas para  las obras canaleras.

 En realidad,  no han sido  consideraciones políticas, nacionalistas ni  ambientalistas las que han  motivado   las protestas, sino  la defensa del derecho de propiedad que muchos pequeños y medianos propietarios rurales temen que les será o podría ser violentado.  Y es comprensible que así sea, porque el derecho de propiedad que en estricto sentido jurídico es el de “gozar, servirse y disponer” de un bien  según la voluntad del   propietario, es inherente a la persona humana y  tiene un valor superior para ella. Por eso todos los intentos de abolir la propiedad  y  de socializarla o colectivizarla que se han intentado a lo largo de la historia, han fracasado irremediablemente.

 Algunos de los pequeños y medianos propietarios de tierras (o antiguos  ocupantes  en condición de comodato precario)   en la ruta anunciada del proyectado Canal Interoceánico, temen que podrían ser  echados  sin más ni más de los lugares donde  habitan y trabajan para procurarse el sustento y poder vivir; otros  creen que no los van a indemnizar justamente y algunos más simplemente por apego a su propiedad  no quieren abandonarla,   aunque les vayan a pagar  por ella.

 Se entiende  que el derecho de propiedad  tiene sus límites.  Por ejemplo,  nadie puede destruir la propiedad,  aunque sea la propia si con ello causa perjuicio a otras personas o a  la comunidad. La propiedad tampoco se debe mantener ociosa  y además se  tiene que  ceder por razones de interés público,  a cambio de  justa indemnización, como lo establece el artículo 44 de la Constitución de Nicaragua aun después de la reaccionaria  contrarreforma orteguista aprobada en enero del presente año.

 Sin embargo, en el artículo 12 de la Ley 840 —que es la Ley para la construcción del Gran Canal—, se establece para   beneficio de la empresa concesionaria china y   perjuicio de los propietarios nicaragüenses, que  las propiedades expropiadas se indemnizarán conforme a su valor catastral. Y que   se reconocerá como indemnización justa su valor de mercado solo cuando  este   sea inferior al  valor catastral. Esta es una interpretación aberrada  del concepto constitucional de indemnización justa y por lo tanto hacen bien en protestar  los propietarios de tierras situadas en la ruta del Canal. Y deben fortalecer sus protestas para hacer que su derecho de propiedad sea debidamente respetado.

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