Una jueza ordenó el lunes la apertura del juicio y la detención provisional del diputado suplente Wilber Rivera Monge, acusado por la Fiscalía General de supuestos vínculos con el narcotráfico.
Rivera Monge se presentó voluntariamente a la audiencia inicial y fue enviado a los calabozos de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil donde esperará la apertura del juicio, en un periodo que no puede pasar de seis meses.
Luis Serbellón, abogado defensor del legislador suplente del Partido Concertación Nacional, pidió a la jueza que desestimara los cargos y argumentó que “primero tiene que ser desaforado por la Asamblea Legislativa” para poder ser llevado a juicio.
Sin embargo, la magistrada sostuvo que hay jurisprudencia dictada recientemente por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y afirmó que Rivera Monge no goza de fuero por su condición de suplente.
La Fiscalía informó que al diputado, a su esposa e hijo se les imputa el delito de lavado de más de 8.5 millones de dólares y de pertenecer a una estructura vinculada con el supuesto narcotraficante José Ulloa Sibrián, alias “El Repollo”.
El Fiscal Julio Zamora, explicó que durante las investigaciones encontraron que Rivera Monge tiene 41 inmuebles, vehículos por más de 250,000 dólares y cuentas bancarias, una de ellas por más de un millón de dólares.
También comprobaron que tenía negocios de compra y venta de inmuebles y vehículos con alias “El Repollo”, quien está siendo procesado en un juzgado de instrucción de San Salvador.
Fue detenido el 15 de marzo de 2013 en Guatemala, en una operación transnacional y después entregado a las autoridades salvadoreñas. En El Salvador la policía capturó a otros 14 miembros de la organización, entre ellos un agente de la Policía Nacional Civil.
Según los informes de la Fiscalía, “El Repollo” traficó un promedio de 10 toneladas de cocaína valorada en 275 millones de dólares y señaló que su organización se encargaba de trasladar la cocaína por todo el corredor centroamericano desde Colombia. Supuestamente parte del dinero habría sido usado para comprar propiedades y abrir negocios inscritos legalmente con prestanombres.