Una corte provincial de Ecuador confirmó hoy la condena impuesta a dos veedores que fueron acusados por afirmar que el presidente del país, Rafael Correa, conocía la existencia de unos contratos irregulares de su hermano Fabricio con el Estado.
El tribunal desestimó la petición de nulidad de la condena, por lo que se confirmó la sentencia inicial, que impuso sendas penas de un año a Pablo Chambers y Gerardo Portillo, dos de los integrantes de la veeduría, acusados en mayo de 2012 de falso testimonio por la Fiscalía.
El abogado de Chambers y Portillo, Ramiro Román, dijo a Efe que la sala confirmó la sentencia dictada en primera instancia, por lo que también fueron absueltos los otros dos miembros de la veeduría acusados, José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo.
La veeduría, presidida por Chambers, estimó que esos contratos ascendían a 657 millones de dólares y que provocaron un perjuicio de 140 millones a las arcas públicas.
Los contratos fueron cancelados después de que una investigación periodística los sacara a la luz y el presidente ecuatoriano ha dicho que no hubo perjuicio para el Estado.
Además, ha rechazado el trabajo de la veeduría y ha acusado a Chambers de mentir y de manipular un video para que pareciera que él admitía conocer los contratos de su hermano con el Estado, algo que es falso, según él.
El propio Correa solicitó la creación de la veeduría, cuyos miembros fueron escogidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una entidad auditora, de entre ciudadanos comunes que se presentaron como candidatos.
Román dijo a Efe que en su opinión ni Chambers ni Portillo cometieron el delito de falso testimonio que se les imputó, por lo que esperará a que la sentencia le sea notificada para conocer los motivos por los que el tribunal confirmó el fallo.
Agregó que tiene previsto presentar un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia.