El Ministerio Público planea acusar oficialmente en octubre a exfuncionarios gubernamentales y empresarios constructores señalados de corrupción en la apertura de la carretera fronteriza con Nicaragua, insistió el fiscal general Jorge Chavarría.
Chavarría negó que haya impunidad al asegurar que el atraso para completar la acusación abierta desde mayo 2010, cuando la propia mandataria Laura Chinchilla denunció algunas irregularidades, se debe a la espera de informes de análisis contables de recursos invertidos en la carretera, los cuales elabora el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Dependemos totalmente del OIJ” para acusar, dijo Chavarría, quien reconoció que los auditores de este organismo están saturados con análisis de varios casos; pero aseguró que el escándalo de “la trocha fronteriza”, como aquí le llaman, irá a juicio por el gran trabajo de la Fiscalía recolectando evidencias.
DOÑA LAURA SE SALVÓ
Después que Chinchilla anunció la existencia de irregularidades que le valió el puesto —sin estar involucrado en corrupción— a su exministro de transporte Francisco Jiménez, la Fiscalía abrió una causa penal y realizó en varios meses 56 allanamientos por todo el país, para confiscar pruebas.
Los principales acusados de un total de 27 imputados por el destino de 40 millones de dólares, son el ingeniero Manuel Serrano, el técnico Miguel Ramírez, ambos funcionarios separados del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); los empresarios constructores Geovanni Baralis, David Castillo y Johnny Muñoz.
Todos permanecen en libertad condicional y son acusados de prevaricato y peculado.
El exdirector del Conavi, Carlos Acosta, otro acusado, goza de libertad plena al colaborar con la Fiscalía en la investigación.
De elevarse el caso a juicio, el Ministerio Público cuenta con 131 testigos para esta acusación.
Chavarría también justificó la lentitud del proceso por la revisión de facturas para detectar las irregularidades de los involucrados.
