Para ejecutar la Ley Especial e Integral contra la Trata de Personas será necesario asegurar un fondo de al menos un millón de dólares al año, el cual se reuniría con diferentes colaboraciones de instituciones del Estado, organismos internacionales y la empresa privada, aseguró ayer el vicepresidente de la Comisión de Defensa, Paz y Gobernación, diputado Filiberto Rodríguez.
El diputado sandinista explicó que hasta ahora se ha venido trabajando con los fondos de las instituciones del Estado que integran la Coalición Nacional contra la Trata y organismos internacionales, como la Organización Internacional de Migrantes (OIM), Visión Mundial y Cáritas de Nicaragua; sin embargo, el proyecto de Ley demanda apoyo de la empresa privada en el artículo 55, bajo el principio de “Responsabilidad Social Empresarial”.
El diputado Rodríguez aseguró que ya hablaron con el Cosep y solo están esperando su propuesta. No obstante, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, indicó que aún no tienen posición ante la atribución que les da esa propuesta de Ley y será hasta el miércoles que se aborde el tema con el Consejo de la empresa privada reunido.
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