Cuando los problemas de institucionalidad, específicamente el electoral, sean un obstáculo para el desarrollo económico del país, será hasta entonces cuando los políticos y el sector privado le darán prioridad para buscarle una solución al problema electoral, opinó el director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Mauricio Zúñiga.
Zúñiga considera que hace falta voluntad política para resolver la actual desconfianza de un gran sector de la población hacia el poder electoral, ya que en la actualidad solo se pone en la agenda temas como la reforma fiscal, la resolución de los problemas aduaneros, el Canal Interoceánico o los acuerdos de libre comercio, pero no se hace mucho por resolver el tema electoral.
Los tomadores de decisión (partidos políticos y empresa privada) tienen suficientes propuestas para mejorar el sistema electoral y que exista mayor credibilidad (en el poder electoral), expresó Zúñiga.
El director del Ipade agregó que los tomadores de decisión deben comprender que si el país avanza y se desarrolla en lo general a nivel macroeconómico, lo cual es positivo, se podría avanzar mucho más si la institucionalidad del país es más creíble, más sólida, más transparente y sin ningún tipo de exclusión a los ciudadanos y ciudadanas, manifestó Zúñiga, aludiendo a que desde el 2008 el poder electoral no acredita a observadores electorales independientes.
El funcionario del Ipade también indicó que aún falta para las elecciones presidenciales de 2016, pero desde ya se debe ir trabajando para que en 2016 haya magistrados de confianza en toda la población y no solo en un sector.
AFECTA AL PAÍS
El hecho de que el poder electoral no acredite observadores electorales independientes en las elecciones no es un factor que afecte negativamente a organismos como Ipade, sino al sistema político democrático del país, ya que resta confianza institucional y el respeto al ejercicio de los derechos civiles de la ciudadanía, explicó Zúñiga.
Zúñiga lamentó que a organismos como Ipade y otros, que solo trabajan para construir ciudadanía en el país, se les califique, sin serlo, como opositores y se les excluya, cuando en una verdadera democracia no debe haber exclusión por ideologías diferentes o hacer crítica constructiva.
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