De efectuarse un posible cierre de las clínicas médicas previsionales privadas, las autoridades deben tomar en cuenta que hay miles de trabajadores inscritos en las mismas, dice Antonio Jarquín, de la Central de Trabajadores de Nicaragua.
Jarquín es del criterio de que se debe sancionar a la empresa médica, si la autoridad correspondiente encuentra anomalías. Pero también se debe contemplar la cantidad de trabajadores que laboran allí y habría que ver si el Estado le daría trabajo.
[/doap_box][doap_box title=”Construyan hospital ” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]De forma reiterativa la Fedetrasep ha dicho que es necesaria la construcción de un hospital nacional de asegurados y no seguir oxigenando las clínicas previsionales privadas que son propiedad de muchos políticos, sostuvo su dirigente Álvaro Leiva Sánchez. Esta situación está vinculada a la falta de políticas públicas sobre seguridad social con responsabilidad que garantice la prevención, supervisión y la sanción, que es lo que no tiene el INSS actualmente, apuntó Leiva Sánchez.[/doap_box]
Para que el caso de la muerte de la doctora Karina Peña sea ventilado bajo un principio de justicia y con un debido proceso, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) debería presentar una auditoría de la fiscalización de la Clínica Médica Previsional Salud Integral.
Lo anterior es señalado por el dirigente de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), Álvaro Leiva Sánchez, quien señaló que se debe preguntar al INSS ¿qué hizo en la fiscalización de esos acontecimientos, qué auditoría hizo en la fiscalización que le corresponde por ley?.
Y aunque Leiva Sánchez asegura que las tres médicas procesadas por la muerte de Peña deben responder si hubo o no negligencia médica en el caso, también refirió que otra pregunta que debe hacerse la autoridad a propósito de este caso, es de que si el INSS está haciendo su trabajo, pues no está exento de responsabilidades.
A criterio del defensor de los empleados públicos, esto pasa porque estas instituciones se han dedicado a realizar politiquería y olvidan su responsabilidad de fiscalizar el dinero de los asegurados.
El secretario general de la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN autónoma), Antonio Jarquín, por su parte refirió que en este tipo de casos no se debería hablar de cerrar esas empresas prestadoras de servicio, como declaró el procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas.
Lo que deben hacer es elevar los protocolos de servicio y calidad que estas empresas deben cumplir. Y eso le corresponde al INSS y al Ministerio de Salud (Minsa), sostuvo Jarquín.
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