Tribunal ordena reducir salario a trabajador

La sentencia 591 emitida por el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones (TNLA), en la que confirma una sentencia de primera instancia a favor del empleador para reducir el salario de un trabajador bajo el alegato de “mutuo acuerdo” es motivo de alarma entre sindicatos independientes y defensores de derechos humanos.

[doap_box title=»Denunciar al Estado» box_color=»#336699″ class=»aside-box»] El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, afirmó que la sentencia 591 del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones (TNLA) violentó los derechos del trabajador. Cuevas aconsejó recurrir a varias instancias internacionales en contra del Estado de Nicaragua, entre las que señaló están la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Corte Centroamericana de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). [/doap_box]

 La sentencia 591 emitida por el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones (TNLA), en la que confirma una sentencia de primera instancia a favor del empleador para reducir el salario de un trabajador bajo el alegato de “mutuo acuerdo” es motivo de alarma entre sindicatos independientes y defensores de derechos humanos.

La primera en reaccionar fue la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN autónoma) que lo califica de “peligroso precedente”. Esta sentencia puede servir para que otros empleadores pretendan reducir los salarios de sus trabajadores bajo este argumento, según la CTN.

La sentencia 591 fue emitida el pasado 14 de agosto por el máximo tribunal laboral, en el caso apelado por el abogado Rodolfo Marcel Fullerton Dixon en representación de Silvio Antonio Ortiz Calero.

La causa fue para apelar la sentencia definitiva del Juzgado Quinto de Distrito del Trabajo a favor del empleador representado por Renzo Bagnariol, pero no prosperó.

Esta sentencia es, según un comunicado de la CTN, “un peligro real” para el salario de los trabajadores, pues “abre la posibilidad de que los sindicalistas que apoyan la alianza entre el Gobierno y empresarios puedan de forma abusiva firmar acuerdos para reducir los salarios de los trabajadores”.

DOS MAGISTRADASRAZONAN SU VOTO

Dos magistradas razonaron su voto de disentimiento de la sentencia por mayoría. Una de ellas es la magistrada Ana María Pereira Terán, quien menciona que los derechos reconocidos en la legislación laboral “son irrenunciables”.

[doap_box title=»Salario Mínimo inferior a otros» box_color=»#336699″ class=»aside-box»] Antonio Jarquín, de la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN autónoma), explicó que también ya existe el antecedente de que en las empresas de zona franca negociaron con los sindicatos sandinistas y el Ministerio del Trabajo un Salario Mínimo inferior al resto de sectores.

Y pese a que la ley establece de que el incremento del Salario Mínimo debe realizarse cada seis meses, en estas empresas negociaron un ocho por ciento por año, durante un período de cuatro años.

Jarquín estimó que esto es parte de una estrategia del Gobierno que comenzó con la zona franca, mediante un acuerdo a espaldas de los trabajadores. En el caso de la sentencia 591, el sindicalista adelantó que aunque esa organización no es parte en el caso, considera deben intervenir en prevención de futuras sentencias. En un encuentro de sindicalistas analizarán el mecanismo que pueden utilizar, pues temen que esta situación pueda repetirse.

Jarquín no descartó que puedan recurrir ante la Corte Centroamericana de Justicia en contra de esta sentencia.

591 es el número de sentencia del máximo tribunal laboral que mantiene alarmados a los representantes sindicales y defensores de derechos humanos. [/doap_box]

“Es inadmisible que este Tribunal, institución creada como la máxima autoridad jurisdiccional en materia laboral en nuestro país (…) autorice, por mayoría en la presente sentencia, que a los trabajadores se les pueda efectuar una disminución salarial por ‘mutuo acuerdo’”.

Y añade Pereira que “en el marco de las relaciones laborales, las personas trabajadoras no pueden decidir libremente sobre sus derechos, ni disponen de su propia voluntad, porque eso permitiría que quienes les dan trabajo pudieran aprovecharse de sus necesidades”.

Por su parte, la magistrada Maribel Mena Maldonado hace ver además de que es improcedente la tesis de que es lícito pactar de “mutuo acuerdo” una reducción salarial, pues la misma ni siquiera fue pactada “al haber quedado demostrado que el trabajador nunca estuvo de acuerdo con dicha reducción salarial”, señala en el escrito.

Mena apunta en su disentimiento que el artículo 31 del Código del Trabajo refiere: “Por mutuo acuerdo el trabajador podrá ser trasladado de una a otra plaza, de forma provisional o definitiva, sin que esto implique disminución de condiciones de trabajo, de salario o de algún derecho laboral”.

CPDH CRITICA SENTENCIA

El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, confió que ya había tenido conocimiento de la sentencia, sobre la cual refirió: “Ningún empleador puede reducir el salario”. Y consideró que con esta sentencia “se vulneró el derecho flagrante del trabajador”. Cuevas se preguntó: “¿Qué van hacer las organizaciones gremiales llamadas a defender los derechos de los trabajadores ante esta aberración jurídica que deja desarmado, a merced del patrón a los trabajadores u organizaciones?”.

El dirigente de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), Álvaro Leiva Sánchez, recordó que el artículo 19 y el 21 del Código del Trabajo establece que en ningún momento se le puede reducir el salario a un trabajador cuando ya está establecido en un vínculo laboral. “Reducir el salario significa desmejorar su condición laboral, por ende se convierte en un despido indirecto y en una violación a sus derechos humanos y laborales”, sostuvo Leiva Sánchez.

591 es el número de sentencia del máximo tribunal laboral que mantiene alarmados a los representantes sindicales y defensores de derechos humanos.

Y pese a que la ley establece de que el incremento del Salario Mínimo debe realizarse cada seis meses, en estas empresas negociaron un ocho por ciento por año, durante un período de cuatro años.

Jarquín estimó que esto es parte de una estrategia del Gobierno que comenzó con la zona franca, mediante un acuerdo a espaldas de los trabajadores. En el caso de la sentencia 591, el sindicalista adelantó que aunque esa organización no es parte en el caso, considera deben intervenir en prevención de futuras sentencias. En un encuentro de sindicalistas analizarán el mecanismo que pueden utilizar, pues temen que esta situación pueda repetirse. Jarquín no descartó que puedan recurrir ante la Corte Centroamericana de Justicia en contra de esta sentencia.

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