La Contraloría es el organismo del Estado que tiene la función de vigilar y controlar los gastos de la administración pública y estatales en general.
Esta es una definición simple y breve de la Contraloría pero el contenido y la dimensión de sus funciones son fundamentales. De una buena Contraloría depende que todo el Estado funcione bien o mal, en el sentido de que los recursos y bienes públicos sean manejados de manera honesta y eficiente, o que sean despilfarrados y robados por malandrines que se han apropiado del gobierno.
En Nicaragua, bajo el régimen orteguista la Contraloría es tan inocua e incompetente que no es ella la que hace las auditorías de manejos sospechosos e indebidos de los fondos públicos en las dependencias gubernamentales, como manda la Ley, sino que las está haciendo el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
En el Ministerio de Educación (Mined), donde unas bien documentadas investigaciones periodísticas realizadas por los periodistas de LA PRENSA, Jeniffer Castillo y Moisés Martínez, pusieron al descubierto graves irregularidades en las asignaciones de contratos para reparaciones y construcción de escuelas, no ha sido la Contraloría la ejecutora de las auditorías, sino el INSS, cuyos interventores hasta se han arrogado la potestad de obligar a renunciar —o mejor dicho a despedir— a los empleados de las oficinas auditadas.
Lo mismo está ocurriendo ahora en el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), en el cual también se han denunciado irregularidades administrativas que hasta ahora al parecer están siendo investigadas por el Gobierno central. Y no es la Contraloría la que las investiga, como es su obligación institucional y legal, sino los auditores del INSS que para mayor descaro se presentan en la institución investigada encabezados por el financiero del Frente Sandinista.
Pero estas son solo algunas muestras de la ruinosa situación de la institucionalidad del país bajo el régimen autoritario y autocrático de Daniel Ortega.
Cabe mencionar también que el INSS lo mismo que el Ministerio del Trabajo (Mitrab), la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA), han venido siendo utilizados por el régimen orteguista para presionar y castigar a empresas y empresarios que no gozan de las simpatías gubernamentales. Y ahora para mayor arbitrariedad el INSS usurpa las funciones de controlar las cuentas del Estado, lo cual no le corresponde y demuestra que para el presidente inconstitucional Daniel Ortega la Contraloría está pintada en la pared.
En el artículo 155 de la Constitución, citado ayer por LA PRENSA en la información sobre la auditoría en el Inatec, se establece que la función y el deber de la Contraloría General de la República es asegurar de manera preventiva el uso debido de los fondos gubernamentales. Y el artículo siguiente, o sea el 156, determina que la Contraloría es independiente, que solo está sometida al cumplimiento de la Constitución y las leyes, que su gestión será auditada solo por disposición de la Asamblea Nacional y que los resultados de sus investigaciones deben ser públicos.
Pero todo eso es mentira. La Contraloría no cumple sus funciones porque según los contralores no tienen suficiente personal o les falta competencia legal; ni es independiente porque de hecho está sometida a los designios de Daniel Ortega. Esta es la penosa realidad.
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