Violencia sexual: nuestra pandemia

Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. Y el discurso oficial se acompaña de cifras de bajos homicidios en comparación con la región, pero el aparente oasis de paz del istmo oculta un drama que ubica al país al mismo nivel de violencia que el resto: la violencia sexual y física contra la mujer

19/10/2014

Esta foto es representativa. LAPRENSA/ARCHIVO

Mientras Nicaragua celebra las buenas notas obtenidas a nivel internacional en materia de seguridad ciudadana, una rareza por su condición de segundo país más pobre de América Latina y un milagro al considerar su ubicación en una de las regiones más violentas del continente, miles de mujeres nicaragüenses lloran en silencio la tragedia de los delitos sexuales que azotan a esta nación centroamericana.

Según el exsubdirector policial Francisco Bautista Lara, la tasa promedio de violación sexual anual en Nicaragua ha oscilado entre 25 y 35 víctimas por cada 100,000 habitantes entre 1998 y 2013.
El IML realizó un total de 9,332 peritajes por violencia intrafamiliar durante 2013 a nivel nacional, lo que corresponde a una tasa nacional de 152 casos por cada 100,000 habitantes.
Según cifras del IML, en 2013 la violencia sexual ocupó el cuarto lugar del tipo de violencia en Nicaragua.
El año pasado realizaron peritajes médicos por violencia sexual a 6,069 personas, de las cuales 5,370 eran mujeres.
De la cantidad de mujeres a quienes se les realizó el peritaje médico legal, 3,065 eran niñas menores de 13 años.
El 73 por ciento de las víctimas de ataques sexuales se cometió bajo violencia, fuerza y agresión, poder y autoridad, chantaje, intimidación y amenaza.

“Rosa” tiene 19 años y una amarga experiencia que le impide confiar en el eslogan de país más seguro de Centroamérica: el día que la asaltaron y violaron no hubo autoridad que la defendiera.

“Yo tenía 16 años y con una amiga del instituto salimos de Metrocentro (Managua) en un taxi como a las 7:00 de la noche, ella se bajó primero a media cuadra de su casa en el barrio Riguero y el taxista me debía llevar a mi casa al reparto Schick, pero más adelanté se montó otro hombre…”, narró ella a LA PRENSA en un centro de atención a víctimas de abuso sexual que administra un organismo no gubernamental en la capital.

“Rosa” guardó silencio, apenas lloraba, y su consejera psicológica concluyó el relato: el pasajero sacó una pistola, le quitó el celular y luego ordenó al taxista que tomara rumbo a una zona desolada de la periferia sur de Managua, donde la violaron y dejaron abandonada.

El caso fue reportado a las autoridades en 2011, pero “Rosa” y su familia desistieron de seguir pidiendo información oficial de las investigaciones.

oasis en la región más violenta

Nicaragua goza del prestigio internacional de ser un país muy seguro. Aquí, donde la pobreza afecta al 42.7 por ciento de la población de 6.1 millones de habitantes, la tasa de homicidios es de 8.7 por cada 100,000 habitantes.

En el año 2012, el Ministerio de Salud publicó el informe Análisis estadístico de salud 2000-2010 en Nicaragua, el cual reveló que una década hubo 1.3 millones de partos en el sistema sanitario público, de los cuales 367,095 correspondieron a niñas y adolescentes y 172,535 fueron de niñas con menos de 14 años de edad. Ese informe reveló que el 27 por ciento de los embarazos registrados en el país son de niñas y adolescentes, de las cuales 47 por ciento tenían entre 10 y 14 años. Para Lorna Norori, del Movimiento contra el Abuso Sexual, detrás de cada embarazo a una niña menor de 14 años hay una potencial violación. El Código Penal de Nicaragua establece que toda relación sexual con una persona menor de 14 años, aun cuando ella alegue consentimiento, es considerado delito de violación y debe penarse con prisión de entre 12 y 15 años.

Así se reveló en mayo de este año cuando se presentó el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado Seguridad ciudadana con rostro humano.

El estudio, que recoge datos de 18 naciones de América Latina, ubica a Nicaragua como un caso atípico en un vecindario reconocido por Naciones Unidas como “la región más violenta del mundo”.

“Si usted vive en Centroamérica, México o República Dominicana, tiene entre seis y ocho veces más probabilidades de morir producto de la violencia criminal que cualquier otro ciudadano que habite en Suramérica, Norteamérica, Europa o Asia”, dijo la jefa de la Policía de Nicaragua, Aminta Granera, durante la vigésima reunión ordinaria de jefes de Policía de México, Centroamérica, el Caribe y Colombia, que se efectuó en Managua los días 10 y 11 de septiembre.

En esos países, solo en 2012 se registraron 39,533 muertes violentas. Un promedio mensual de 3,295 víctimas o 110 personas asesinadas por día.

pandemia de violencia sexual

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un país que supera el umbral de diez homicidios por cada 100,000 habitantes sufre de “violencia endémica”, lo cual no es el caso para Nicaragua.

Para el investigador independiente en temas de seguridad, Roberto Orozco Betancourt, la violación y los abusos sexuales son los delitos más comunes en Nicaragua, pero los más invisibilizados, y si se tuviera que clasificar su impacto al igual que los homicidios, la violencia no sería endémica, sino pandémica.

“Nicaragua es un país de mucha violencia sexual que no se diferencia del resto de Centroamérica en esos aspectos. Basta revisar las cifras de delitos y los reportes oficiales para enterarse que el país está siendo azotado por la violencia sexual, especialmente contra las mujeres”, dijo.

Según sus cifras, mientras la tasa promedio de violaciones sexuales en el país entre los años 2004 y 2013 es de treinta casos por cada 100,000 habitantes.

“Si la OMS considera que diez casos de homicidios por cada 100,000 habitantes es violencia endémica ¿cómo calificaría más de treinta violaciones anuales por cada 100,000 habitantes? Esto es pandemia de violencia sexual”, criticó Orozco.

el delito de la vergüenza

Lorna Norori, especialista en atención psicológica a víctimas de abuso sexual y directora del no gubernamental Movimiento Contra el Abuso Sexual (MCAS), comentó que el fenómeno de la violencia sexual en Nicaragua “es el más invisible de todos los delitos que se combaten en el país y el más complejo de resolver”.

“Aquí el fenómeno de la violencia de género solo se vuelve visible cuando llega al extremo, cuando el hombre comete femicidio. Y cuando las cifras de femicidios van aumentando, como este año, el Estado corre a ocultar las cifras para no dañar la reputación de país más seguro”, acusa Norori, quien achaca al Estado la falta de seguridad que viven las mujeres nicaragüenses.

“La seguridad de la mujer no es prioridad para las autoridades”, dijo.

Según cifras de la organización en la que ella trabaja, una de cada tres mujeres nicaragüenses sufre o ha sufrido violencia sexual.

Para Norori, la principal preocupación del Gobierno al problema no es enfrentar la situación de violencia y abusos sexuales, sino ocultarla del modo que sea para “no afectar la imagen de país donde se vive bonito bajo un promocionado modelo de protección policial”.

Ella critica, por ejemplo, que en vez de mejorar las condiciones de juzgados y personal que trata la aplicación de la Ley 779, el Gobierno emitió el decreto ejecutivo 42-2014, el 31 de julio en La Gaceta, Diario Oficial, donde no solo normó la aplicación de la ley contra la violencia hacia la mujer, sino que redujo el delito del femicidio al casi exclusivo ámbito privado.

De paso, el presidente con su decreto formó “consejerías familiares” que dieron a sus estructuras partidarias un poder de fiscalización a las familias nicaragüenses, situación que ha creado disgusto no solo a las familias que difieren del régimen orteguista, sino a la Iglesia católica misma, que fue involucrada en el plan sin consulta alguna.

Sin embargo lo que más duele a las organizaciones de derechos humanos de las mujeres, y según Norori, es que el decreto emitido por Ortega reduce el femicidio al acto violento “por un hombre en contra de una mujer en el marco de las relaciones interpersonales de pareja”.

MENOS FEMICIDIOS POR DECRETO

Y así, tras el decreto, los casos que antes acusaba la Fiscalía como femicidios ante los tribunales, ahora se tipifican de manera diferente: homicidio, parricidio, asesinato, etcétera.

Un informe de septiembre de la Organización Católica por el Derecho a Decidir muestra un ejemplo: María Esther Loza Flores murió el 31 de julio en la comunidad El Horno, Número 3, de San Ramón, Matagalpa. Su verdugo fue suexpareja, quien después de golpearla la mató de un disparo.

El reporte oficial que la Policía Nacional entregó a la Fiscalía tipifica el caso como “suicidio”, pero la constancia de defunción del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, número 05995 del Instituto de Medicina Legal, certifica que la muerte ocurrió por disparo de arma fuego en el tórax y que el cuerpo presentaba golpes y laceraciones por violencia física.

“Ocultan los femicidios y las cifras de violencia contra las mujeres detrás de un decreto elaborado especialmente para ocultar la violencia, no para detenerla o contrarrestarla”, sentencia Norori.

La diferencia, entre lo que las organizaciones de mujeres califican como femicidios y el concepto institucional aplicado a ese delito, se reflejó en agosto pasado.

La enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, Reyna Rodríguez Palacios, reveló que el informe semestral de femicidios 2014 registró 47 femicidios entre enero y julio del año en curso.

Días después, aplicando el nuevo concepto de femicidio contenido en el decreto de Ortega, la Policía Nacional presentó una radiografía sobre el fenómeno de las muertes violentas en el país, revelando que en los primeros seis meses de este año de las 294 muertes violentas registradas, 45 correspondían a mujeres, pero solamente 18 fueron tipificadas como femicidios.

En declaraciones al programa En Vivo, en el oficialista Canal 4, único medio al que asisten regularmente los funcionarios policiales, el comisionado general Francisco Díaz justificó las cifras diciendo que no todas las muertes violentas hacia las mujeres constituyen el delito de femicidio, “puesto que también existen otras tipificaciones como homicidios, asesinatos y parricidios, que también se presentan regularmente”.

Aclaró que quien determina las causas, el móvil y la tipificación del delito en cada muerte violenta es la investigación que realiza la Policía Nacional “desde la preservación del hecho y la inspección de la escena del crimen” y agregó que las principales acciones de la institución contra los abusos sexuales se veía en el incremento y construcción de Comisarías de la Mujer: de 27 comisarías existentes en 1993 habían ampliado a 163 en los 153 municipios del país.

De acuerdo con datos oficiales de la Policía Nacional, Nicaragua cerró el año 2013 con dos mujeres asesinadas por razones de género por cada 100,000 habitantes, una tasa superior a la del resto de Centroamérica: Panamá con una tasa de 16 homicidios; Honduras con 75; Guatemala con 34; El Salvador con 40 y Belice con 32 homicidios de mujeres por cada 100 mil habitantes.

HOGAR, VIOLENTO HOGAR

Para el exsubdirector general de la Policía Nacional, comisionado general en retiro Francisco Bautista Lara, el problema de la violencia sexual que azota al país es profundo y complejo porque son crímenes que se cometen en un ámbito privado como la familia.

“En el caso de los homicidios, son delitos evidentes, con muchas evidencias y un rastro que se puede seguir. Con las violaciones, los abusos sexuales, la violencia intrafamiliar, son más difíciles de detectar o provenir por la Policía porque requieren principalmente que sean denunciados”, analizó.

Según Bautista Lara, las altas cifras de violencia sexual no reflejan un aumento de delitos, sino de más casos denunciados.

“Ahora hay más conciencia social, más educación y sentido de justicia, y las mujeres, que son las principales víctimas de este tipo de delito, denuncian más los delitos que sufren”, observó.

Según sus cifras, 81 mujeres han muerto en promedio anual por violencia de género entre 1998 y 2013, y más de 2,000 violaciones anuales en promedio se denuncian en las instituciones públicas.

El motivo de este tipo de violencia no es solo un problema de comportamiento delictivo.

Según Bautista Lara, el tema radica en una profunda cultura social que ha venido transmitiendo de generación en generación que la mujer debe someterse al hombre, lo cual ligado a otros factores como pobreza, drogas, falta de educación y ausencia de valores morales en la familia, se convierte en violencia.

Para Bautista Lara, tras los datos oficiales, el problema de la violencia sexual en Nicaragua es superior: al menos el cincuenta por ciento de los casos de abusos sexuales no se denuncian por muchas causas, estima.

6,595 es el total de horas de vida saludable que perdieron las 6,069 personas afectadas por la violencia sexual en 2013, de acuerdo con los análisis estadísticos del Instituto de Medicina Legal.

Según el exsubdirector policial Francisco Bautista Lara, la tasa promedio de violación sexual anual en Nicaragua ha oscilado entre 25 y 35 víctimas por cada 100,000 habitantes entre 1998 y 2013. El IML realizó un total de 9,332 peritajes por violencia intrafamiliar durante 2013 a nivel nacional, lo que corresponde a una tasa nacional de 152 casos por cada 100,000 habitantes. Según cifras del IML, en 2013 la violencia sexual ocupó el cuarto lugar del tipo de violencia en Nicaragua. El año pasado realizaron peritajes médicos por violencia sexual a 6,069 personas, de las cuales 5,370 eran mujeres. De la cantidad de mujeres a quienes se les realizó el peritaje médico legal, 3,065 eran niñas menores de 13 años.

El 73 por ciento de las víctimas de ataques sexuales se cometió bajo violencia, fuerza y agresión, poder y autoridad, chantaje, intimidación y amenaza.

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