La cantidad de norteamericanos que renuncian a la ciudadanía estadounidense aumentó 39 por ciento en el tercer trimestre de este año, después de que entraron en vigencia reglas que dificultan la posibilidad de ocultar activos de las autoridades tributarias.
La gente que reniega de su nacionalidad en las embajadas estadounidenses aumentó a 776 en el tercer trimestre, comparado con 560 en el mismo período del año anterior, según datos publicados el 25 de octubre por el Servicio de Impuestos Internos (IRS por su sigla en inglés).
2,353 norteamericanos han renunciado en lo que va de 2014, cerca del pico histórico de 2,369 en los primeros nueve meses de 2013.
Estados Unidos, el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que cobra impuestos a sus ciudadanos no importa dónde residan, reforzó la búsqueda de evasores impositivos después de que UBS AG pagó una penalidad de 780 millones de dólares en 2009 y entregó datos sobre unas 4,700 cuentas. Rechazados por bancos suizos y alemanes y frente a las nuevas normativas de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA por su sigla en inglés), más de 9,000 norteamericanos que viven en el exterior entregaron sus pasaportes en los últimos cinco años.
La normativa FATCA exige que las instituciones financieras estadounidenses impongan un impuesto de retención del 30 por ciento sobre los pagos hechos a bancos extranjeros que no aceptan identificar y proporcionar información sobre los dueños de cuentas estadounidenses. Esto le permite a Estados Unidos obtener datos de más de 77,000 instituciones y 80 gobiernos sobre las actividades financieras de sus ciudadanos en el exterior.
Al establecer la ley FATCA en 2010, el Congreso y el presidente Barack Obama en efecto amenazaron con impedir un fácil acceso de bancos y otras compañías al mercado estadounidense si no suministraban esa información. Se calculaba que se generarían 8,700 millones de dólares en un período de 10 años, según la Comisión Conjunta de Asuntos Contributivos del Congreso.
DESDE JULIO
Las normativas más estrictas sobre la divulgación de activos que se implementaron el 1 de julio bajo la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) hicieron que más norteamericanos, entre los seis millones que se calcula que viven en el exterior, entregaran sus pasaportes.
El atractivo de la ciudadanía estadounidense para los expatriados se diluyó aún más cuando más de cien bancos suizos comenzaron a entregar datos sobre clientes norteamericanos para evitar un procesamiento por favorecer a evasores impositivos.
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