Los nombramientos a inspector y subdirector de la Policía, de los comisionados mayores Pablo Emilio Ávalos y Elízabeth Rodríguez, respectivamente, no solo creará mayor impunidad, sino que trastoca el profesionalismo de esa institución, opinan representantes de organismos de Derechos Humanos en el país.
Para el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Norwin Solano, los nuevos nombramientos responden a una afinidad política.
“Lo que se avizora es el fortalecimiento de una línea que está dirigida a proteger los intereses políticos partidarios de una persona”, sostuvo Solano.
MÁS IMPUNIDAD
El abogado del Cenidh no descartó que los niveles de impunidad provocados desde la institución policial se empiecen a elevar “principalmente en aquellos casos donde existen intereses de quienes los están nombrando (a los oficiales) porque les deben lealtad, fidelidad y les deben correspondencia a ese premio que les han otorgado”.
“Consideramos que ponerlo en la posición del inspector general de la Policía Nacional (a Ávalos) es una bofetada a toda la sociedad nicaragüense, es una lesión mayúscula a la institucionalidad de la Policía Nacional y esto debe llamar la atención a la sociedad en general y a aquellos policías honestos”, dijo Solano.
“UNA LÁPIDA” AL PROFESIONALISMO
Mientras el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos ( CPDH), Marcos Carmona, quien se mostró sorprendido por ambos nombramientos, consideró que con esto el Gobierno le pone “una lápida” al profesionalismo de la Policía.
En el caso de Ávalos, ambas organizaciones tienen en sus archivos denuncias de hechos de violaciones de derechos humanos.
Pablo Cuevas, asesor de la CPDH, recordó casos de oficiales del Distrito Seis de la Policía que denunciaron a Ávalos por maltrato en su contra. Señaló que fue en el 2011 cuando uno de los oficiales de ese distrito policial denunció que sufría lesiones sicológicas producto del maltrato de Ávalos.
Cuevas recordó que en esa ocasión también recibieron denuncia de una oficial que refirió que incluso su esposo, quien también era agente, sufrió represalia por apoyarla. Y señaló que pese a que las denuncias las trasladaron a Asuntos Internos lo único que provocó fue que los denunciantes fueran removidos a otras áreas.
TAMBIÉN OCUPAINSS
Solano y Cuevas señalaron los casos en la protesta de los adultos mayores apoyados por los jóvenes, llamada como OcupaINSS, y de una protesta de mujeres frente al Consejo Supremo Electoral, los que terminaron en hechos de agresión y robo por parte de grupos de choques orteguistas contra los manifestantes. En ambos casos la Policía en la que estuvo al frente Ávalos, nunca actuó en contra de los agresores.
En cuanto a Rodríguez, ella fue una de las tres oficiales que desde 2009 abiertamente avaló la reelección de Ortega. Y su esposo Justo Pastor Urbina, nombrado jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), pasó de ser subcomisionado en 2009 a comisionado general en 2014.
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