Sindicato rechaza propuesta de Gobierno y sigue en huelga en Costa Rica

El Sindicato de Trabajadores la Junta Administradora de los Puertos de la Vertiente Atlántica (Sintrajap), que se mantiene en protesta desde hace 10 días, aseguró hoy que no acepta la propuesta del Gobierno y presentará una contrapropuesta.

 

El sindicato de los puertos del Caribe rechazó hoy una propuesta del Gobierno de Costa Rica y continuará en una huelga indefinida contra la futura construcción de un puerto privado.

El Sindicato de Trabajadores la Junta Administradora de los Puertos de la Vertiente Atlántica (Sintrajap), que se mantiene en protesta desde hace 10 días, aseguró hoy que no acepta la propuesta del Gobierno y presentará una contrapropuesta.

El secretario general de Sintrajap, Ronaldo Blear, manifestó a los medios de comunicación que «no se menciona la renegociación de la cláusula del monopolio y exclusividad» que, en su opinión, estaría en manos de la empresa holandesa APM Terminals para la construcción de un puerto.

El Ejecutivo propuso al sindicato una inversión de 745 millones dólares como parte de un proyecto para fortalecer la Junta Administrativa de los Puertos de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y la provincia de Limón (Caribe).

Según el ministro costarricense de Trabajo, Víctor Morales, la propuesta además contempla identificar nichos de negocios, actividades comerciales y productivas en la provincia del Caribe, para crear más y mejores empleos.

Sin embargo, el sindicato quiere renegociar una cláusula, que el mismo presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ha indicado que no tiene espacio de negociación y que respetará el contrato con la empresa tal cual está.

El Sintrajap inició la huelga unos días después de que la Sala I no encontrara irregularidades en el contrato firmado en el 2011 entre el Estado y la empresa holandesa APM Terminals para la construcción de un puerto de 1.000 millones de dólares que operará la compañía por 30 años bajo el modelo de concesión.

Según Sintrajap, una cláusula del contrato le otorga un «monopolio ilegal» a APM en la carga y descarga de contenedores, lo que dejaría casi en la quiebra las terminales estatales, ante lo que exige al Gobierno buscar una renegociación con la compañía.

El Gobierno ha dicho que eso es falso, ya que lo que el contrato estipula es que APM se encargará de atender los barcos que únicamente transporten contenedores, mientras los de carga mixta seguirán llegando a los puertos estatales.

Lo único que está pendiente es un pronunciamiento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) sobre la viabilidad ambiental del proyecto, para lo cual tiene plazo hasta marzo próximo.

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