El Gobierno de El Salvador aceptó hoy, al al término del Examen Periódico Universal (EPU) que celebró la ONU sobre su situación de derechos humanos, examinar una recomendación relacionada con la necesidad de emprender una amplia acción para desmilitarizar su fuerza policial.
Esa recomendación forma parte de las decenas recibidas de numerosos países que participaron en el EPU de El Salvador, un mecanismo al que se someten cada cuatro años los Estados miembros de Naciones Unidas.
El conjunto de recomendaciones constan en el informe final de esa evaluación.
Fue Grecia la que formuló la idea de la desmilitarización de la policía, que completó pidiendo al país centroamericano que “entregue la responsabilidad de la seguridad pública a instituciones apropiadas”.
Igualmente, las autoridades salvadoreñas aceptaron examinar la recomendación de Noruega para poner fin a la participación de personal militar en trabajos de seguridad civil, así como de entrenar a la policía para cumplir sus responsabilidad de proteger a la población de forma eficiente.
En el mismo apartado del informe se pide a El Salvador que aumente sus esfuerzos para proteger a los niños de la explotación económica, introduciendo -por ejemplo- una norma que establezca una edad mínima para el trabajo y garantizando condiciones decentes.
Otro aspecto que mereció la atención de los países fue la necesidad de reforzar el sistema judicial y a los agentes encargados de hacer cumplir la ley, “con el fin de eliminar los crímenes violentos generalizados y organizados que amenazan la seguridad publica y el entorno escolar”.
La delegación salvadoreña también hizo figurar en el informe que tomará en consideración la recomendación para enmendar la Ley General de Amnistía de 1993, que “se mantiene como un obstáculo al castigo de violadores de los derechos humanos”.
Asimismo, estudiará la despenalización del aborto cuando el embarazo ponga en peligro la salud o vida de la madre, así como aquellos que son resultado de una violación o incesto.
De la misma manera, examinará el pedido de liberar de forma inmediata e incondicional a las mujeres en prisión por haber abortado, eliminar sus antecedentes penales por este motivo y garantizar que las mujeres en general, especialmente las jóvenes, tengan acceso a la contracepción.
Para ellas también se reclamaron servicios de salud reproductiva y sexual anónimos, confidenciales y no discriminatorios.
El Salvador prometió estudiar estas y otras muchas recomendaciones y comunicar sus respuestas en el momento apropiado, pero a más tardar en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, prevista en Ginebra el próximo marzo.