En las últimas tres décadas, la tenencia de la tierra en Nicaragua ha sufrido una reconcentración en manos de extranjeros, señala el estudio Concentración de tierras y seguridad alimentaria en Centroamérica, realizado por Eduardo Baumeister.
La investigación revela que si bien este fenómeno es menor en Nicaragua en relación con el resto del hemisferio, la misma indica que la tierra está siendo adquirida por grupos extranjeros para desarrollar la producción de agrocombustibles (especialmente caña de azúcar y palma africana), ganadería, producción forestal y turismo de playa.
La concentración y extranjerización de la tierra en Nicaragua estaría estimulada por el bajo precio de esta, precisa el estudio. En 2008, cada hectárea de tierra rústica sin mejoras alcanzaba un precio promedio de seiscientos dólares por hectárea; y tras incrementos ligeros, esta se llegó a ubicar en entre 1,000 y 1,500 dólares por hectárea en zonas ganaderas; y en 2,500 dólares las áreas para las actividades agrícolas intensivas. Estos precios son inferiores a los de Costa Rica, El Salvador y Honduras.
A esto se añaden otros factores como la existencia de tierras de frontera agrícola, la baja densidad poblacional, la diferencia importante entre la productividad actual y el potencial de los suelos para el cultivo de los agrocombustibles, lo que está desplazando la producción de granos básicos y pone en riesgo la sosteniblidad ambiental.
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En Nicaragua solo el 17 por ciento del territorio se encuentra catastrado, según el estudio Concentración de tierras y seguridad alimentaria en Centroamérica.
Esto determina que la delimitación de las propiedades depende de los títulos que se declaran a veces auxiliados por mediciones de topógrafos o que usan como límites accidentes naturales, caminos y las propiedades lindantes, precisa.
“Se generan problemas adicionales cuando se realizan desmembraciones de fincas (por herencia o ventas), cuando se construyen nuevos caminos secundarios u otras obras de infraestructura o cambios en las características naturales (como cauces de los ríos, lagunas o en la superficie de los bosques comunales)”, señala.
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La investigación advierte que en Honduras y Guatemala los esfuerzos por frenar este fenómeno han provocado enfrentamientos, que resulta difícil predecir cómo acabarán, ya que junto con el desplazamiento de los monocultivos, existe también el avance de la minería, el turismo de playa, la forestería comercial y las hidroeléctricas que ejercen presión adicional sobre muchos territorios.
Baumeister aclara que las consecuencias no son solo negativas, ya que la migración provocada por este desplazamiento ha forzado la introducción de muchas mujeres al mercado laboral, el incremento de los niveles de estudio y la reducción de las tasas de fecundidad.
El presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), Álvaro Fiallos, coincide con Baumeister en que se deben promover políticas para proteger principalmente a los pequeños agricultores de subsistencia. Pero reconoce que no será fácil, porque se requeriría el apoyo de los inversionistas, cuyo objetivo no es precisamente el bienestar de la población, sino obtener ganancias.
Para el presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro, el problema todavía no es tan grave como en otros países de la región. Sin embargo, acepta que debería existir una preocupación en cuanto a que estas personas al vender sus tierras están perdiendo un activo muy valioso y que lo más probable es que se muevan hacía la frontera agrícola y continúe el ciclo de despale.
Pero la compra de tierras es un fenómeno que no se puede controlar porque controlar eso sería controlar el mercado y eso provocaría efectos, se subiría más el precio o habría mercado negro de la propiedad, expone Chamorro.
Además, recuerda que algunos esfuerzos como la prohibición de venta durante cinco años después de recibir los títulos de las parcelas no han sido efectivos. La verdad es que cuando hay necesidad la venden. Entonces lo que hay que hacer es definir políticas de acceso al financiamiento y a tecnología, para que puedan producir en sus fincas y no tengan que venderlas, aconseja Chamorro.
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