Iniciativa para derogar Ley del Canal

Mientras arrecian las protestas públicas contra el proyecto del Canal —por parte de la gente que se siente amenazada con ser expropiada y desterrada para dar lugar a la realización de ese proyecto descomunal—, la sociedad civil y la oposición democrática parlamentaria también lo están atacando por las vías legales.

Mientras arrecian las protestas públicas contra el proyecto del Canal —por parte de la gente que se siente amenazada con ser expropiada y desterrada para dar lugar a la realización de ese proyecto descomunal—, la sociedad civil y la oposición democrática parlamentaria también lo están atacando por las vías legales en la medida de que esto puede ser posible.

El pasado viernes 31 de octubre, diversas organizaciones sociales encabezadas por la Coordinadora Civil, Movimiento por Nicaragua, Movimiento Autónomo de Mujeres, Unión Ciudadana y Hagamos Democracia; así como expertos jurídicos, defensores del medioambiente y de los derechos humanos, y habitantes de los lugares por donde supuestamente pasará la ruta canalera, entregaron al jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional, o sea del PLI, una propuesta de iniciativa para la derogación de la Ley del Canal, a fin de que sea presentada y sometida al procedimiento legislativo correspondiente.

Las razones que alegan los proponentes de esta iniciativa de ley son las mismas que se han presentado a la opinión pública nacional e internacional, y ante las autoridades de Gobierno, desde antes de que la Ley del Canal fuera aprobada sin las debidas consultas previas por la Asamblea Nacional y promulgada por Daniel Ortega el 13 de junio de 2013.

Son razones jurídicas, porque la Ley del Canal adolece de graves vicios de inconstitucionalidad que fueron objeto de numerosos recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia, pero esta los rechazó por su obediencia política a Daniel Ortega y al partido FSLN; patrióticas, porque la concesión canalera otorgada por el Gobierno a la compañía china HKND lesiona la soberanía nacional y atenta contra la integridad territorial de Nicaragua; ecológicas, porque la construcción del Canal podría causar daños catastróficos e irreversibles al ecosistema del país; de derecho de propiedad, porque la Ley del Canal le otorga a la compañía canalera la facultad de expropiar lo que quiera sin que tenga que pagar justa indemnización; etc.

Pero no existe ninguna posibilidad real de que la propuesta de derogar la Ley del Canal sea aceptada y mucho menos aprobada por la Asamblea Nacional, controlada por la aplanadora orteguista. Y no solo porque para modificarla o derogarla se requiere una mayoría calificada del 60 por ciento del total de los diputados, como dice el artículo 23 de la misma Ley de Canal. Es que Ortega y la cúpula del FSLN no aceptan ninguna impugnación al proyecto canalero en las instituciones que ellos dominan en beneficio de sus particulares intereses. En la Asamblea, la aplanadora orteguista no tolera ni siquiera en temas legislativos de poca monta que la minoría opositora avance sus propias iniciativas, mucho menos que atienda la demanda de derogar la ley canalera.

Sin embargo, aunque el orteguismo rechace de plano la iniciativa para derogar la Ley del Canal es importante que la sociedad civil y la oposición en la Asamblea Nacional la presenten, la divulguen y la peleen. La lucha democrática se debe librar en todos los espacios cívicos y legales que sea posible. Además, todas las razones políticas, jurídicas y ecológicas del rechazo a la concesión canalera deben quedar debidamente documentadas y sustentadas, para la historia y para lo que podría venir después.

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