México/ EFE
El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, tenían un historial de actos sangrientos antes de ser detenidos por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, tras una noche violenta el 26 de septiembre, coordinada por la Policía local y el grupo mafioso Guerreros Unidos.
Con tres hijos de 24, 17 y 14 años, la pareja se esfumó tras pedir una licencia de treinta días, el 30 de septiembre. Abarca se deslindó de la violencia, aunque algunos elementos parecen señalar lo contrario.
Recientemente, la senadora Dolores Padierna, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acusó a Abarca de asesinar en 2013 a Arturo Hernández, dirigente del PRD en la Alcaldía de Iguala y adversario político. Según una denuncia notariada, tras ordenar que torturaran a Hernández, Abarca le espetó: “Me voy a dar el gusto de matarte” y le disparó dos veces, una de ellas en la cara. Padierna agregó que “el alcalde era el jefe de ese grupo de policías dedicados a matar”.
Según la Fiscalía, un líder de Guerreros Unidos señaló a Pineda como “la principal operadora de actividades delictivas” desde la Alcaldía, “en complicidad” con Abarca y el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores. Además, la PGR aseguró que Pineda “es pariente en grado directo de dos operadores financieros del grupo que dirigía Arturo Beltrán Leyva”, el cártel de los Hermanos Beltrán Leyva.
Abarca, dueño de uno de los colegios más importantes de Iguala, se dedicó en su juventud a la venta de sombreros y tuvo una joyería. Sus negocios le permitieron construir un centro comercial en Iguala, el tercero en tamaño de Guerrero. Este y su lujosa residencia fueron atacados en las protestas tras la desaparición de los estudiantes.
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