Varios testigos que describen la ocurrencia de los incidentes del viernes en el kilómetro 8, Carretera Norte, cuando se desplazaba la caravana de la jefa de facto de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, coinciden en que uno de los escoltas “disparó en ráfaga”.
Según uno de los testigos, con experiencia en el uso de armas, los casquillos que quedaron esparcidos sobre el pavimento corresponden a una subametralladora Uzi, sin embargo, la Policía no ha ampliado las explicaciones de la balacera que protagonizó un escolta.
VARIOS CASQUILLOS DE SUBAMETRALLADORA UZI
Uno de los testigos, quien omitió su nombre, dijo que recogió en el lugar diez casquillos, otro de ellos levantó dos y una cantidad no precisada la recogieron estudiantes que salían de una escuela. Mientras otros casquillos se fueron impregnados en las llantas de los buses del transporte urbano colectivo.
Según los testigos, el motociclista, quien fue la causa de la reacción del escolta, bien pudo perder la vida, pues una de las balas le rozó a la altura del cuello, pero lo salvó el casco protector.
Aparentemente por temor, el motociclista no se detuvo de inmediato a la advertencia policial, sino que lo hizo unos metros más adelante. Esto habría causado la reacción airada del uniformado, quien según uno de los testigos, “bajó de la camioneta y disparó en ráfaga”.
Mencionan que “un proyectil pegó en el suelo y se le metió a la torta de una mujer que esperaba en la parada”.
VERSIÓN OFICIAL OMITIÓ VARIOS DETALLES
El vocero policial, comisionado mayor Fernando Borge, no respondió las llamadas, pero la versión que ofreció la Policía el mismo viernes fue que el subcomisionado Ebert Paniagua, asignado a la seguridad personal de Granera, “de forma accidental se le disparó el arma de fuego asignada”. La misma
Policía dice que en el incidente resultaron lesionadas dos personas que circulaban por el lugar, Joseph Antony Conrado Sobalvarro, de 20 años, quien sufrió una herida en el dorso de la mano derecha y María del Carmen Aguirre Mejía, de 60 años, con una lesión en el muslo derecho.
“La versión de la Policía es ridícula”, fue la reacción del especialista en temas de seguridad, Roberto Orozco, quien señaló que “hubo abuso en el uso de la fuerza”, tras señalar: “El protocolo dice que si no te disparan no debés disparar”. “Lo que denota es que andan a la defensiva todos los funcionarios de este
Gobierno, por alguna información de Inteligencia que ellos conozcan y por alguna amenaza real que debe haber en el ambiente que todavía no es del conocimiento público”, refirió Orozco.
Según Orozco, por la alta cadencia de fuego de ese tipo de armas, los agentes no solo la deben portar con seguro, sino que “no la deben de manejar con el dedo en el gatillo”.
María José Aguirre, hija de la lesionada, aseguró ayer que su progenitora aún está internada en el hospital de la Policía, Carlos Roberto Huembes, adonde fue remitida luego de ser atendida en el Alemán Nicaragüense. Según Aguirre, su madre está estable y Granera le prometió asumir los gastos.
El catedrático y experto en temas de Derechos Humanos, Ramón Eugenio Rodríguez, dijo que la Policía está obligada a investigar y si presumen que hubo un hecho delictivo debe remitir el caso a la Fiscalía. Y los afectados bien pueden demandar a la Policía por exposición de personas al peligro y lesiones.
El artículo 4 del Código de Conducta de la ONU indica que los funcionarios utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. [/doap_box]
