Como recordaremos, el pasado mes de agosto la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la reducción del Presupuesto General de la República.
Parodiando las prácticas parlamentarias de un Estado democrático, 21 diputados de la Bancada Alianza Partido Liberal Independiente (Bapli), que incluye al Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), se opusieron a la reforma presupuestaria argumentando que esta reducía el presupuesto de Educación y de Salud, mientras que el presupuesto del abyecto Consejo Supremo Electoral (poder del Estado que adjudicó fraudulentamente la presidencia al actual dictador Daniel Ortega) era ajustado de una manera desproporcionada.
La bancada opositora denunciaba que esta reducción al presupuesto se debía a las adversas consecuencias producidas por las reformas tributarias (Ley No. 822 o Ley de Concertación Tributaria del 30 de noviembre del 2012) y sus politizadas exoneraciones que solo benefician al gran capital.
Por su parte, 64 diputados; 62 oficialistas apoyados por el adlátere Partido Liberal Constitucionalista, argumentaban que la reducción del presupuesto se debía a la desaceleración de la economía y la reducción en la recaudación de impuestos causada por el terremoto del pasado mes de abril y por la severidad de la sequía.
En este y muchos otros aspectos de nuestra realidad los problemas estructurales tienden a ser escondidos y sustituidos por mendacidad. Nicaragua depende desproporcionadamente de la exportación de bienes primarios cuyos volúmenes de producción y precios son inestables. La inversión privada está dominada por la inversión extranjera directa, que en gran parte está exenta de impuestos. La inversión pública es una fracción del consumo público. En otras palabras, en relación con el crecimiento económico y las finanzas públicas, nuestros males tienen un carácter de indefinida permanencia.
Gran parte del caos que hoy vive Nicaragua es diseño y disposición de Ortega, pero lo que no está claro es que si el fondo en que estamos sumergidos resulta de su inhabilidad de maniobrar condiciones reales y extremas o es también parte de su concepción y capricho. De cualquier manera su respuesta es seguir excavando.
El pasado 9 de octubre, Ortega habló abiertamente de la falta de recursos del país para combatir la pobreza, para contrarrestar los problemas medioambientales del gran lago de Nicaragua, para emprender la reforestación de los bosques nacionales o para efecto de inversión pública en general. Él ahora quiere convencernos que Nicaragua está condenada al fracaso.
Es por eso que, según la lógica truculenta de Ortega, había que vender Nicaragua, como cualquier empresa en quiebra, para ser resucitada; como ordinaria fusión y adquisición empresarial. Lo que este tiende a olvidar es que nuestro país no es empresa, ni es de su propiedad. Ortega entregó —bajo riesgos extremos— nuestra soberanía a un misterioso cómplice chino llamado Wang Jing, con quien juega una partida sucia. Por el momento, las autoridades chinas pretenden no estar involucradas.
Obviamente Ortega sigue confiado que los nicaragüenses vamos a continuar aceptando amansadamente sus fechorías. Por eso, ante las protestas de los dueños de tierras en la ruta del Gran Canal expuestos a las inminentes expropiaciones a favor de la empresa de Hong Kong, Ortega manifiesta con notable descaro que “el proyecto canalero fue ideado por César Augusto Sandino”. ¡O me creen mis mentiras o pongo el Ejército en las calles!, pareciera advertir Ortega.
A veces Ortega suena tan extraordinariamente alejado de nuestras aspiraciones que pareciera estar hablando en chino. Mas en la realidad, a largo plazo, si todo continúa de esta manera, “hablando en chino” tendrá un significado completamente diferente.
El autor es economista y escritor
