El Acuerdo Marco y a Ley 840, son esperpentos legales tan abusivos que hubieran apiadado al temible Dracón en la antigua Grecia. La estafa canalera de Daniel Ortega convirtió a Wang Jing y sus socios secretos en amos absolutos e inapelables de Nicaragua. Bajo la codicia del dictador vendepatria, el Banco Central también renunció “irrevocable e incondicionalmente” a su inmunidad soberana, así, sus cómplices, la mafia o el gobierno de China, ocultos tras el laberinto de empresas fantasmas tipo HKND, pueden robarse fácilmente nuestras reservas internacionales.
En 2007 Ortega negó rotundamente el canal. Ahora, atrapado en su demagogia, acusa infantilmente a Leonardo Boff de convencerlo. Que deje de pensar por sí mismo no asombra, sino que crea que una obra babilónica, que para el país sería como meter un elefante en un quiosquito con irreversibles daños ecológicos sobre todo para el Lago Cocibolca, al que no arriesgaba “ni por todo el oro del mundo”, sea una decisión que no debemos tomar siete millones de nicaragüenses, sino única y exclusivamente él.
Ortega afirmó falazmente que el Lago está contaminado y del inagotable arsenal de su obstinada ignorancia, sacó la prueba principal de su coartada: el teólogo brasileño le puso como ejemplo Itaipú, la famosa hidroeléctrica entre Brasil y Paraguay. Pero esta represa nació del acuerdo de dos dictadores: Alfredo Stroessner y Emilio Garrastazu Médici y empezó a construirse en 1975, cuando los estudios ambientales no existían y las dictaduras reprimieron brutalmente la resistencia de los despojados.
Itaipú hoy tiene una fachada ecológica que incluye un refugio silvestre, pero su desconocido costo ambiental yace sumergido en el lamoso fondo de su embalse. La presa anegó los saltos del Guaira en el Paraná, que podían competir en belleza con los del Iguazú, el deslumbrante escenario donde se filmó La Misión con Robert De Niro. La presa inundó 1,350 km cuadrados de selva y desplazó a 60,000 personas. Juvencio Mazzarollo la llamó “drama social y holocausto ecológico”.
La Comisión Mundial de Represas (WCD) califica de inaceptables los costos socio-ambientales de estas usinas y ha recomendado que no se realicen sin diagnósticos completos y sin “la aceptación demostrada” de las comunidades afectadas. El supuesto Canal de Nicaragua es similar, pero carece de estudios, diagnósticos o consultas. Ante las anomalías del proyecto, la ausencia de información técnica o datos que respalden su viabilidad, expertos criollos e internacionales han sonado las alarmas. La resolución 23 de la Asociación de Biología Tropical y la Conservación (ATBC) es una buena advertencia.
Los Ortega-Murillo son ricos, pero su inmensa fortuna saqueada del tesoro público y del petróleo venezolano —que desde Venezuela se calcula en $7,000 millones de dólares— no pareciera sosegar su voraz rapiña. Ahora han entregado las riquezas del país al fiero dragón. Mintiendo y manipulando torpemente, comprometiendo la existencia misma de Nicaragua. Daniel Ortega es un hombre inferior a sus pretensiones y la sociedad no debería olvidar su lamentable historial de ruina, opresión y muerte.
Solamente la población que ha sufrido la afrenta y la angustia de ver un chino midiendo su propiedad, escoltado por agentes del gobierno, es la que se ha movilizado. El resto deberíamos unirnos a su lucha, hasta deponer esta peligrosa tiranía. Es un asunto de supervivencia. Para tomar las decisiones correctas las sociedades necesitan saber los hechos, poseer información confiable. El filósofo Harry Frankfurt lo resumió mejor: Un país que desprecia la verdad está condenado a la decadencia.
El autor es psicólogo.
