Anoche en el Senado de los Estados Unidos los Demócratas lograron detener la aprobación de una ley que permitiría la construcción de un oleoducto desde las arenas petrolíferas de Canadá hasta las refinerías de Texas.
Se necesitaba el voto de 60 de los 100 senadores para que pasara la ley. Catorce de los 55 senadores demócratas se unieron a los 45 republicanos para tratar de pasarla, pero les hizo falta un voto.
El proyecto es controversial en Estados Unidos. Los ambientalistas, apoyados por el partido Demócrata, se oponen fuertemente. Sus preocupaciones radican en que el oleoducto hará a Estados Unidos aún más dependiente del petróleo y esto provocará mayor emisión de dióxido de carbono, pero ese es tema de otro editorial. Ni eso ni el resultado de la votación es el punto a señalar hoy.
Lo destacable es cómo en la Cámara Alta de Estados Unidos se puede lograr que un bloque de representantes se rebele a la línea oficial de su partido y vote con el otro a favor de una ley.
Eso nunca se vería en Nicaragua a menos que los rebeldes estén motivados por ganancias personales. Y solo se ha visto en las filas de los partidos mal llamados “democráticos”, ya que los diputados sandinistas tienen claro que, como lo afirmaron en septiembre pasado, “se deben al partido”.
Tal afirmación es una monstruosidad antidemocrática (e igual monstruosidad es vender el voto), ya que en una democracia de corte republicano el representante se debe a sus votantes.
El ejemplo de lo que sucedió anoche en el Senado queda claro en la persona de la senadora demócrata por Luisiana, Mary Landreu, quien votó con los republicanos porque su asiento en el senado sigue en vilo y tendrá que ser decidido en un balotaje. Luisiana es un estado vecino de Texas y se vería beneficiado con el oleoducto.
A pesar del esfuerzo de la senadora, es muy probable que pierda en el balotaje ya que, en este caso, son los republicanos los que apoyan un proyecto que beneficiará a los ciudadanos de su estado.
En Nicaragua, con la reforma a la Ley Orgánica de la Asamblea ha quedado estipulado por ley lo que antes era de facto: que la curul pertenece al caudillo y no al votante. Ante la menor insinuación de rebeldía a los dictados del caudillo el diputado pierde su curul.
Es por eso que vemos cómo, por ejemplo, los diputados sandinistas de la Región Autónoma del Caribe Sur, de Chontales, de Río San Juan y de Rivas han votado a favor de las leyes que permiten la construcción del Canal Interoceánico sin importarles que a los ciudadanos de esos departamentos les sean expropiadas sus tierras.
La reforma a la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional pasó en Nicaragua sin pena ni gloria porque la mayoría de los nicaragüenses cree que lo que hacen los políticos no les afecta, pero la verdad es que en estos días los ciudadanos de los departamentos arriba mencionados están viviendo en carne propia las consecuencias de no tener el control sobre lo que hacen los políticos.
La destrucción del sistema electoral y las reformas constitucionales tiene como consecuencia el desamparo en que se encuentran los nicaragüenses ante las arbitrariedades ordenadas por el presidente inconstitucional Daniel Ortega y este es el más claro ejemplo del porqué el ciudadano no puede darle la espalda a la política, ya que —como es el caso— la consecuencia es tener un dictador que se ha convertido en señor de horca y cuchillo.
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