Así como en el cuento de Peter Pan existe un “País de Nunca Jamás” donde los niños son siempre niños, o sea que nunca llegan a la adultez, en Nicaragua existe una ley similar, la mal llamada Ley de Concertación Tributaria (LCT).
Esta ley parece que nunca alcanzará su etapa de madurez, ya que ha sufrido una gran cantidad de cambios desde su aprobación en diciembre de 2012 con el voto de la bancada del gobernante Frente Sandinista y los dos único votos del Partido Liberal Constitucionalista.
Desde entonces, cada año, y a veces en períodos más cortos, esta ley viene cambiando a través de reformas que el régimen pasa por la Asamblea Nacional aprovechando los más de 60 escaños —de un total de 90— que se adjudicó en las turbias elecciones de 2011.
Desde ayer LA PRENSA está reportando los nuevos cambios que vienen en la ley de “concertación” y aunque aún no se descubren todas las transformaciones que ya han sido presentadas ante la Asamblea Nacional, las notas redactadas por las periodistas Wendy Álvarez (el lunes) y Lucía Navas (hoy) revelan estocadas a los sectores sociales y económicos más débiles.
Por un lado —y siguiendo con la costumbre del régimen de redactar las leyes de manera ambigua para luego interpretarlas a su manera— la nueva reforma establece que estarán exentos de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) “…los proyectos financiados con recursos de la cooperación internacional conforme convenios y acuerdos suscritos por el Gobierno de la República de Nicaragua”.
La reforma no dice nada sobre los proyectos de cooperación que no estén avalados por acuerdos suscritos con el Gobierno; sin embargo, la omisión no es por casualidad.
Desde el 2007, y debido al talante autoritario del régimen orteguista, los países y organismos que tradicionalmente han cooperado con Nicaragua se han venido alejando de la cooperación oficial y han buscado nuevos socios en organizaciones independientes.
Esta reforma deja al Gobierno con las manos libres para gravar cooperación que no sea de su agrado. Con esto le resta efectividad a la labor social de organizaciones no gubernamentales y hasta a la Iglesia católica que para su labor social se apoya en donaciones del exterior que recibe a través de su organismo Cáritas.
Una vez más, se impone el talante autoritario del Gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega que, viendo reducida su capacidad para seguir impulsando sus programas sociales ante la menguante ayuda venezolana, quiere dificultar la tarea a otros agentes que hacen labor social.
Lo que no deben de perder de vista los nicaragüenses es la mezquina actitud del llamado gobierno “cristiano, socialista y solidario”.
Pero no contento con asestar este golpe a organismos que ayudan a los sectores más pobres de la población, que en definitiva serán los que terminarán asimilándolo, también en la reforma el Gobierno golpea al sector de vestuario y calzado nacional, que está conformado por pequeños y medianos empresarios.
Este sector también tendrá que pagar IVA —impuesto del que hasta ahora está exonerado— si la bancada oficialista, como es de esperarse, aprueba la reforma.
Al levantarse esta exoneración, el sector es menos competitivo frente a las importaciones de productos similares. La reforma puede traducirse en desempleo y cierre de empresas.
Las leyes deben dar estabilidad y seguridad a los ciudadanos, pero aprovechando el control absoluto que tiene el régimen en el Parlamento, ha convertido una ley tan importante en factor de inestabilidad ya que ahora nadie sabe qué reforma o “ajuste” sacará de la manga el Gobierno cada seis o 12 meses.
