Cualquiera que sea la decisión que tome el dictador nicaragüense Daniel Ortega para seguir en el poder tras finalizar su inconstitucional período presidencial el 10 de enero de 2017, ciertos elementos fundamentales permanecerán inalterados: Ortega pretenderá mantener su autoridad por sobre todas las instituciones y líderes de cada sector de la vida nacional; intentará continuar actuando arbitrariamente sin responsabilidad legal alguna por los resultados; insistirá en su empeño de mayores y más drásticas reformas a nuestra blanda Constitución; procurará ejercer un control completo sobre el tesoro público; buscará la consolidación de su cuerpo de Policía y su Ejército hasta lograr la lealtad de ese porcentaje del que justificadamente todavía desconfía; acometerá, cada vez más decididamente, contra todos los dueños de tierras en lugares que él pretende llegar a controlar para así reubicar estratégicamente a la población según los objetivos de seguridad de su cada vez más represivo régimen.
Conversando con cuatro amigos sobre estos asuntos, cada uno preveía un posible escenario que podría ser abrazado por Ortega:
1. Si el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Partido Liberal Independiente (PLI) lograran continuar su táctica dilatoria hasta impedir la organización de una unión opositora, Ortega procedería a anclarse en la Presidencia por el mismo método del voto fraudulento asignado por el Consejo Supremo Electoral.
2. De frente a las elecciones, Ortega podría hacer coincidir el apogeo del descontento contra las expropiaciones de tierras en la ruta del supuesto Canal con una Declaratoria de Estado de Emergencia que le permitiría arrebatar el poder por un tiempo de considerable permanencia.
3. Dependiendo de los avances en los esfuerzos de unificación de fuerzas opositoras, Ortega podría encontrar útil negociar con los dueños de los partidos PLC y PLI. Con estos formaría una Junta de Gobierno que él presidiría y que le permitiría acercarse a una casi total eliminación de la Asamblea Nacional (AN) por medio de una drástica reducción del número de diputados o bien convocaría a una AN Constituyente con la finalidad de transformar radicalmente las normas constitucionales.
4. Llegado el momento de las elecciones, si los chinos del Canal ya han logrado penetrar considerablemente nuestro territorio, Ortega se sentiría envalentonado para imponer una autocracia. Un régimen totalitario sin ningún otro poder más que el ejecutivo. Para esto Ortega controlaría todos los medios de comunicación masivos y un poder policíaco mantendría a la población sin ninguna libertad personal a como ya lo hizo en los años ochenta. Sin duda, bajo esas condiciones veríamos crecer el número de rótulos con la cara de Ortega, así como estatuas y otros medios que pretenderían promover el culto a su personalidad.
Verdaderamente, la evolución de la dictadura de Ortega podría tomar cualquier forma. Todo depende de su órbita de oportunidades. Él, como todo tirano, sabe medir las variables que componen su entorno. Es por eso que a medida que pasa el tiempo se hace más compleja la tarea de deponer a un dictador.
Por lo general, tarde o temprano los dictadores caen, pero el precio en términos de vidas y recursos es mayor entre más tiempo vivamos bajo opresión. Esto se debe, en gran parte, a que la población se va debilitando a medida que el dictador recobra fuerzas y se afianza en el poder.
La decisión de 2016 podría estar en las manos del pueblo de Nicaragua, pero requiere acción inmediata y resoluta. No olvidemos que Ortega ya tiene 35 años de conocer y tomar provecho de nuestras debilidades.
El autor es economista y escritor