Pocas cosas son atractivas como las personas transparentes que actúan en la luz. Pocas tan repelentes como las opacas que medran en la oscuridad.
Mientras las primeras nos inspiran paz, porque sabemos que no traman traiciones ni engaños, las segundas inspiran temor, porque si sus intenciones son buenas, ¿por qué actúan con el sigilo del ladrón? Las primeras nos honran o dignifican, pues quien es veraz y muestra sus cartas nos comunica que somos dignos de respeto y confianza. Las segundas nos denigran, porque toda mentira es en el fondo un insulto, que viola mi sagrado derecho a conocer la verdad, y una burla.
Es natural, entonces, que una de las principales aspiraciones de la ciudadanía es que sus gobernantes sean transparentes, sin agendas ocultas. Las democracias avanzadas han comprendido que tal aspiración no es solo un buen deseo, sino un derecho. Al fin y al cabo los gobernantes son servidores públicos, nombrados y contratados por el pueblo soberano para que administren bien la república. Como tales tienen el deber de mantenerlo informado veraz y puntualmente. Por eso las naciones civilizadas han institucionalizado prácticas universales que aseguran y refuerzan esta grave obligación.
Una de ellas son las rendiciones periódicas de cuentas. Los presidentes están supuestos a suministrar al poder legislativo, y a la nación entera, informes usualmente anuales detallando sus logros, desafíos y planes futuros. Otras son las conferencias de prensa, en las que el mandatario enfrenta baterías de periodistas de todas las tendencias y responde a sus preguntas. En sus seis años de presidencia Obama lleva más de cien.
Otras son las entrevistas y, en tiempos electorales, los debates, que permiten al público comparar programas y personalidades. Los funcionarios de las entidades públicas, por su parte, están sujetos a la interpelación o a comparecer ante comisiones legislativas, mientras sus diversos ministerios u oficinas están abiertos al escrutinio público e informan continuamente de su gestión a través de sus boletines o portales electrónicos.
En Nicaragua no es así. Aquí el presidente no comparece anualmente ante la Asamblea Nacional, aunque lo mandata la ley. Tampoco da conferencias de prensa: en ocho años, ni una. Tampoco se deja entrevistar por periodistas independientes ni participa en debate alguno. Casi ningún funcionario adscrito al ejecutivo da entrevistas o atiende solicitudes de información, aun cuando procedan de comisiones parlamentarias, si son presididas por algún miembro del partido opositor.
Los ministerios u oficinas públicas, por su parte, tampoco cumplen con las exigencias de la Ley de Acceso a la Información Pública, vigente desde 2007. Las excepciones son el Banco Central, INE, y Enatrel. En los demás cunde el secretismo o la información parcial. El Ministerio de Educación, entre otros, ha dejado de publicar las estadísticas educativas que suministraban las administraciones llamadas “neoliberales”.
Esta opacidad gubernamental delata un desprecio al pueblo que brota de la soberbia, y agendas sospechosas o inconfesables, porque como dice el dicho popular, “quien no las debe no las teme”.
Los obispos, en su último encuentro con Ortega, le pidieron un cambio de rumbo con las siguientes palabras: “Le exhortamos respetuosamente, señor presidente, a que se abra al diálogo con todos los sectores y que, incluso inicie mostrando su buena voluntad comenzando a ofrecer periódicamente conferencias de prensa sin discriminación de los medios no oficialistas ” Recientemente el cardenal Brenes le pidió contestar todas las preguntas e inquietudes sobre el opaco canal.
¿Lo hará? Ojalá. Es su deber como funcionario público, y una forma de demostrar que es servidor y no amo; hijo de la luz y no de las tinieblas.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
