Algunos prestan para pagar cédula

Juan Carlos Lacayo se vio obligado a prestarle 300 córdobas a su jefe para cambiar más rápido su cédula vieja por el formato nuevo, hace tres meses, debido a que su documento de identidad estaba deteriorado y ya su nombre y número no eran legibles en el plástico retorcido.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) comenzó a emitir las cédulas de identidad de nuevo formato en 2010 y durante el 2011 se entregaron gratis a los empleados públicos, pero muchos ciudadanos no tienen para pagarla. LA PRENSA / ARCHIVO

Ahora la voy a cuidar más (la cédula de  identidad) porque no quiero que se me pierda y pagar trescientos  córdobas (otra vez)”. Elizabeth Taniuskha Useda Corea, ciudadana nicaragüense de 17 años,  opina sobre su nueva cédula.
Ahora la voy a cuidar más (la cédula de
identidad) porque no quiero que se me pierda y pagar trescientos
córdobas (otra vez)”.
Elizabeth Taniuskha Useda Corea, ciudadana nicaragüense de 17 años, opina sobre su nueva cédula.

Juan Carlos Lacayo se vio obligado a prestarle 300 córdobas a su jefe para cambiar más rápido su cédula vieja por el formato nuevo, hace tres meses, debido a que su documento de identidad estaba deteriorado y ya su nombre y número no eran legibles en el plástico retorcido.

[doap_box title=»Precio debe ser simbólico» box_color=»#336699″ class=»aside-box»] Para el exfiscal del Partido Liberal Independiente (PLI), Sergio Álvarez, ya no es relevante la cantidad de personas que hay con cédulas vencidas, sino que el poder electoral “empiece a renovar las cédulas” y que el costo de la renovación en el nuevo formato “sea simbólico”.
“Esos son los requerimientos que todo ciudadano común y corriente demandaría de una institución del Estado, que tiene como función principal administrar la cedulación”, agregó Álvarez en alusión al cuestionado Consejo Supremo Electoral (CSE). [/doap_box]

Lacayo, de 50 años, es conductor y cuando llegó el día de pago su jefe le descontó los trescientos córdobas de su salario como habían acordado. Sin embargo, ahora que se da cuenta que todas las cédulas de identidad con fecha no vigente se deben renovar con la nueva cédula, llamada también cédula electrónica, le viene a la mente que su esposa y sus dos hijos las tienen vencidas y en total su familia se tendrá que alistar 900 córdobas para hacer este cambio antes del 31 de diciembre, cuando vence la más reciente prórroga a las cédulas no vigentes.

Las cédulas con fecha vencida se han mantenido vigentes gracias a varias prórrogas que ha venido otorgando la Asamblea Nacional desde 2010, pero este año ni los diputados ni los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), quienes administran la cedulación, han hablado de una nueva prórroga.

El magistrado del CSE, José Luis Villavicencio, reveló el viernes la disposición de que “todos los ciudadanos deben cambiar ya la cédula (vencida) por el formato nuevo y que ya no se siga utilizando el formato viejo, para evitar el uso de dos documentos”.

José Barreto, otro ciudadano consultado ayer por LA PRENSA, ha tenido que comprar dos veces la cédula con formato nuevo, porque dos veces le han robado su billetera en los buses de Managua, pero también le parece que el cobro de 300 córdobas por la cédula es un robo a los ciudadanos. “Exigir 300 córdobas es un robo de este Gobierno y no solamente de este Gobierno, los gobiernos al turno están obligados a hacer accesible una identificación ciudadana nicaragüense”, reclama.

Otra ciudadana, Juana Dionisia Andino Cruz, tiene su cédula vencida desde el 18 de enero de 2009 y nunca había pensado en renovarla, porque sabe que se la aceptan así en los bancos, pero ahora que se vencerá la prórroga está resignada a pagar los 300 córdobas, porque es una necesidad, principalmente porque tiene un negocio en su casa y hace pagos al banco.

Como Lacayo, Barreto y Andino, muchos nicaragüenses que aún tienen sus cédulas vencidas hacen cálculo para reunir los 300 córdobas que cuesta el nuevo formato, una cifra de la que no todos disponen y que aumenta en casos donde hay más de una persona en edad para votar, pero solo un miembro de la familia trabaja.

Aunque, según declaraciones del presidente del CSE, Roberto Rivas, hechas en septiembre, el costo aún no es suficiente para cubrir los gastos de atención y emisión del nuevo formato y este —considera Rivas— debería aumentarse.

“Esos son los requerimientos que todo ciudadano común y corriente demandaría de una institución del Estado, que tiene como función principal administrar la cedulación”, agregó Álvarez en alusión al cuestionado Consejo Supremo Electoral (CSE).

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