Aparentemente, las ONG y la Iglesia católica se han salvado —por ahora— del plan gubernamental para gravar los fondos de cooperación y donaciones externas que les permiten operar en los espacios sociales de su competencia.
En la nueva reforma de la Ley de Concertación Tributaria (LCT) estaba previsto que a partir de su entrada en vigencia serían exonerados los fondos de cooperación externa solo en el caso de que fuesen para financiar proyectos contratados directamente con organismos del Gobierno. De manera que la cooperación que financia o apoya las operaciones sin fines de lucro de las ONG independientes y de las instituciones religiosas, tendrían que pagar impuestos como si fueran empresas o entidades mercantiles y lucrativas.
Sin embargo, ante las protestas de la sociedad civil y sobre todo por la inconformidad manifestada públicamente por la Iglesia católica —la cual ejecuta muchos programas de caridad cristiana y beneficio social sostenidos con donaciones y otras formas de ayuda externa—; y seguramente por conveniencia táctica del Gobierno que en la actualidad está atendiendo diversos focos de conflicto, ha echado hacia atrás en esa pretensión impositiva. Lo cual en todo caso no es definitivo, pues, por la inseguridad jurídica tributaria que impera en Nicaragua impuesta y administrada por el autoritario régimen orteguista, la LCT seguirá siendo reformada una y otra vez y en cualquier momento el Gobierno volverá a intentar el zarpazo fiscal contra la cooperación externa que ingrese al país para apoyar a las ONG y las iglesias. Además, la misma Ley Tributaria le permite a la Dirección General de Ingresos la discrecionalidad de autorizar las exoneraciones en cada caso y con toda seguridad seguirá castigando a las ONG independientes cuyas actividades no tienen propósitos lucrativos.
Cabe mencionar que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipyme), que generan el grueso de la actividad económica del país y soportan la mayor parte del empleo, pero no tienen fuerza de presión ni oportunidad de negociación con el Gobierno —como sí la tienen los grandes empresarios y en particular la cúpula del Cosep—, a partir de marzo del año entrante podrían ser afectadas directamente con impuestos a los productos terminados, particularmente ropa y calzado, que las obligaría a aumentar los precios al consumidor y por lo tanto los pondría en mayor desventaja competitiva con los productos de otros países donde los costos de producción son más bajos que los de Nicaragua.
La clave de esta anómala situación es la inseguridad jurídica tributaria, la discrecionalidad del poder político que obliga a los actores económicos y sociales a tener que regatear con el Gobierno, casi en cada caso, cuestiones que si hubiese en el país un Estado de derecho y verdadera seguridad jurídica, deberían ser de mero cumplimiento de la ley y de operatividad institucional.
Según los expertos en la materia, la seguridad jurídica tributaria se funda en normas fundamentales como la estabilidad de la norma fiscal. La cual no existe en Nicaragua, donde la Ley Tributaria se negocia y retacea de acuerdo con las conveniencias del momento y según los intereses particulares del poder político. Y casi siempre a favor de quienes tienen el galillo más grande.
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