El gobierno costarricense ve la inmigración nicaragüense como una fuente de desarrollo, pero a su vez desde la seguridad nacional; matizando esto último con un discurso para prevenir la trata de personas.
“No, no estamos retomando ese discurso. Estamos absolutamente claros que el tema migratorio no es absolutamente de seguridad, pero tiene un componente de seguridad cuando se convierte este tema no ordenado ni regulado en un germen, un espacio para que actúe la criminalidad trasladando al país a personas en condiciones irregulares cuyos derechos no pueden ser observados en tanto son personas anónimas”, declaró la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz.
Costa Rica sigue necesitando para continuar con su desarrollo de la mano de obra extranjera, nicaragüense, pero su dilema ha sido como ordenar su flujo. La ley migratoria anterior a la actual vigente desde 2012, pretendía regular a la inmigración desde el punto de vista policiaco, lo cual provocó la crítica hasta del entonces presidente Oscar Aras, la cual la señaló como draconiana.
Fue reformada en 2010 y la nueva ley entró en vigencia en 2012. La nueva legislación cambió de rostro pero priva lo económico sobre todo lo oneroso que ahora resulta regularizarse o revalidar residencias y permisos de trabajo.
“Repito una y otra vez. Como jerarcas de migraciones, como Gobierno de la República, estamos casados con una concepción de las migraciones como elemento de desarrollo en el cual tenemos una obligación de integrarlos al país y observar sus derechos humanos. Pero no podemos negar que eso entraña según las naturalezas de las migraciones es un tema también para la seguridad”, añadió Muñoz.
Por años los costarricenses han responsabilizado de la criminalidad a los extranjeros, a los nicaragüenses sobre todos. El mito se ha ido desvaneciendo y la “escalada de violencia (que vive el país) ya no está asociada con nicaragüenses como justificaba la sociedad costarricense”, asegura el sociólogo Carlos Sandoval.
Costa Rica vive una ola de crímenes como resultado de la lucha de territorios entre bandas locales de narcotraficantes que pelean espacios para vender droga al menudeo; según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Esas luchas, más disputas internas entre las mismas bandas por cuentas pendientes, tumbonazos (robo de cargamento) y cobros de dinero sobre todo en el Caribe, el centro y sur de San José; tiene en vilo al país.
En los crímenes y capturas, el OIJ ha detectado a extranjeros, sobre todo colombianos, dominicanos y hasta nicaragüenses.
“Son bandas de ticos. La sociedad costarricense tiene el enredo ahora de no tener a quien echarle la culpa. Tampoco son los colombianos. Lo que pasa pasando (la inseguridad) más droga en Centroamérica y hubo un reacomodo de la geopolítica de las sustancias ilícitas”, asegura Sandoval.
“La pobreza es un caldo de cultivo donde el líder de una banda puede ser cualquier persona”, añade.
Tras estos acontecimientos, Muñoz dice que el país ve el tema de seguridad como algo general en la región centroamericana, “en la cual estamos involucradas todos los países”.
“Y aunque una y otra vez aparecen personas (extranjeras) irregulares en actos delictivos, no solo en trasiego de personas de modo irregular sino en trata de personas; Costa Rica no solo se han convertido en un país que recibe extranjeros, sino que expulsa ciudadanos a otros países y es una zona de tránsito de continentales (africanos y cubanos) que están en manos de redes de coyotaje y trata de personas. Eso efectivamente trae un tema de seguridad ciudadana y un tema de seguridad nacional del país”, reiteró Muñoz.