“There will be blood”, “Habrá Sangre”, es el título original de la galardonada película “Pozos de Ambición”, que narra la historia de un agresivo buscador de petróleo, en Texas, a inicios del siglo XX. Su profético título aludía a la casi inevitabilidad de que corra sangre cuando chocan intereses y pasiones extremas.
Tras los primeros brotes de violencia en la zona donde se espera que pase el canal, ha surgido la pregunta: ¿correrá la sangre? Ni lo deseamos ni lo sabemos, pero sí podemos afirmar que las probabilidades aumentan cuando chocan intereses muy intensos y cuando una de las partes siente que está siendo víctima de una injusticia grave, que no puede evitar por medios pacíficos.
¿Tiene el proyecto del canal los componentes de este coctel? Veamos: en cuanto a la existencia de intereses en pugna tenemos, por un lado, al Gobierno de Nicaragua y sus socios chinos, ambos interesados en una obra de contorno incierto pero indudablemente grande. Porque canal o no canal, viene algo grueso. Lo que sugiere que detrás del proyecto no está un mero consorcio privado o un Wang Jing. Porque no hay capitalista en el mundo que se aventure a gastar billones sin estar convencido de que su inversión va a ser rentable, al menos antes que mueran sus nietos. La existencia de una decisión que parece tomada antes de haber realizado estudios de factibilidad económica o ambiental, hace pensar que el jugador principal es un súper poder, como China o su ejército, quizás por intereses más geopolíticos que económicos.
El gobierno de la República Popular China es poderoso, inteligente y brutal. Sus líderes, comunistas tolerantes del capitalismo, han mostrado tener mucho pragmatismo y también muy poco respeto por los derechos humanos. Han sido los únicos en imponer, a toda su población, la política del aborto forzoso después del primer hijo. Si quieren un canal, ni los costos materiales o humanos, ni la posible destrucción del lago, frenará su determinación.
Al otro lado de la ecuación tenemos a los nicaragüenses. Si la mayoría fuésemos patriotas estaríamos al borde de la rebelión. No porque se construya un canal, lo cual podría tener aspectos positivos, sino por la forma en que nos están llevando a casarnos con un desconocido, sin preguntarnos antes; porque están decidiendo nuestro futuro y el de nuestros hijos con secretismo y vendiendo la soberanía con reformas apresuradas a la Constitución. Pero los patriotas son pocos, así que no es previsible que la población en general sacuda el barco.
Distinto es el caso de quienes viven en las zonas a ser expropiadas. De acuerdo con la ley que firmó Ortega recibirán por sus propiedades su precio catastral, que es inferior al mercado. De acuerdo con Telémaco y otros voceros, los precios serán negociados caso por caso, pero sin ningún parámetro legal que dé certeza o confianza, pues todo quedará a discreción de la bondad de los poderosos. Estos nicaragüenses saben que no tienen recurso legal alguno para resistir; que están literalmente manos arriba. Y sin el consuelo de que su sacrificio es en beneficio de un proyecto nacional, conocido, debatido y aprobado por sus conciudadanos. No es remoto, entonces, que aflore en algunos de ellos la tentación de pelear cuando quieran desalojarlos.
Todo podría evitarse actuando con transparencia, con marcos legales justos y participación ciudadana. Si no ocurre la responsabilidad de las consecuencias será de quienes actúen de otra forma.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.
