La muerte del joven de color, Michael Brown, a manos del policía Darren Wilson, ha causado la indignación de la población Ferguson, condado de Saint Louis, Missouri, en Estados Unidos, después que el policía fuera absuelto por un jurado. Esta indignación se ha extendido por todo el país norteamericano al registrarse unas 170 protestas en unos 34 Estados.
Este hecho no solo trae al debate público el racismo en la actuación policial, sino que revive el sentir ciudadano de los disturbios de Rodney King en Los Ángeles en 1992. En esa oportunidad cuatro policías de Los Ángeles fueron absueltos por propinarle más de cincuenta golpes con bastones policiales a King, otro hombre de color, a pesar de la existencia de un vídeo que mostraba la saña de los agentes del orden. Estos disturbios causaron tantas muertes como golpes recibió King, unas 200 personas heridas y cerca de 1,000 millones de dólares en pérdidas en el sur de Los Ángeles.
A nivel internacional, dentro de los estándares mínimos para la actuación policial encontramos los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego y además el código de conducta de los funcionarios de hacer cumplir la ley, ambos promulgados por la ONU. No omito manifestar que este último se encontraba incluido de forma expresa en el Arto. 7 de la Ley 228, aunque inexplicablemente en la nueva Ley de la Policía Nacional se suprimió su reconocimiento.
Básicamente, la actuación policial parte de la persuasión, permite el uso de la fuerza y la técnica hasta la reducción del individuo y autoriza el uso de armas de fuego al encontrarse amenazada la vida del agente del orden o un tercero ante la ineficacia de medios no letales para repeler la agresión. Ello implica que cualquier golpe que dé un policía una vez que la persona esté reducida es ilegal y que dispararle a una persona desarmada sin que represente un riesgo para el policía o un tercero es arbitrario y por lo tanto debe acarrear responsabilidad.
Los estadounidenses están muy claros de ello, como también lo están de que la Policía sirve para proteger sus vidas y que en su actuación deben respetar la libertad e integridad de las personas. Sin perjuicio de los excesos cometidos en las protestas aludidas, eso es el gen que las motiva.
En el 2006, el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones, arbitrarias y extrajudiciales, Philip Alston presentó su informe y destacó en lo que llamó “Políticas de tirar a matar” su preocupación por el llamado de altos funcionarios a recurrir a la fuerza extrema para responder a los desafíos de orden público. Para Alston, esta retórica permite que se hagan a un lado las normas legales y es una autorización vaga para matar, lo que crea confusión en los agentes del orden, pone en peligro a personas inocentes, facilita los errores y evade los problemas que plantea la amenaza concreta. De igual forma, sostiene que un Estado que tolera eso incurre en responsabilidad por violar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, respecto del derecho a la vida.
De ahí que el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, anunciara la existencia de una investigación federal independiente sobre el caso de Ferguson. Sin duda esto contrasta con las declaraciones que diera hace algún tiempo la primera comisionada Aminta Granera, donde sostuvo que prefiere defender en los tribunales a sus policías que enterrarlos.
Pero claro, en las estaciones policiales de Estados Unidos no encontramos coloridos afiches de Barak y Michelle Obama, tampoco los policías usan escarapelas en sus uniformes con la silueta del mandatario o del burro representativo del partido demócrata. El retiro de los mandos policiales en Estados Unidos no depende de la lealtad personal a Obama y la policía en general no está para reprimir cualquier protesta contra él o peor aún, dejar que turbas demócratas repriman cualquier manifestación. Nuestra lección de esto, es que evidencia nuestro déficit ciudadano sobre los límites de la actuación policial.
El autor es maestro en Derechos Humanos.
