Las embajadas de EE.UU. amanecieron en alerta máxima por posibles represalias ante la divulgación este martes de una investigación sobre las brutales técnicas de tortura que la CIA usó para interrogar sospechosos tras los atentados del 2001.
Funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que el informe sobre la investigación promovida por el Senado y realizada entre 2009 y 2012 será finalmente hecho público este martes pese a que el secretario de Estado, John Kerry, advirtió la semana pasada sobre el impacto negativo que podría tener para los intereses estadounidenses alredor del planeta.
El informe contiene duras revelaciones sobre el programa secreto que puso en marcha el gobierno del presidente George W. Bush (2001-2009) para interrogar a las personas consideradas sospechosas de vínculos con Al Qaida y otras organizaciones terroristas.
El resumen de la investigación recopila en 500 páginas detalles sobre la forma como fueron tratados alrededor de 100 sospechosos de terrorismo detenidos por agentes estadounidenses entre 2001 y 2009, después de los ataques del 11 de septiembre.
Los sospechosos fueron sometidos a técnicas que incluían el ahogamiento simulado, mantenerlos en posiciones incómodas, impedirles dormir y otros métodos cuestionables que fueron aplicados tanto en centros de detención clandestinos manejados por la CIA o en la base militar que Estados Unidos habilitó en la bahía de Guantánamo en la isla de Cuba.
Desde que llegó al poder en 2009, el presidente Barack Obama ha tratado de distanciarse de las estrategias aplicadas por el gobierno de su antecesor. En agosto, al referirse al contenido del informe, el presidente señaló que es necesario reconocer que “hemos torturado algunas veces”.
El presidente piensa que es importante que (el informe) sea publicado para que los estadounidenses y las personas del mundo entero puedan comprender exactamente que pasó”, explicó Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca.
El portavoz también reconoció el lunes que se han tomado “medidas prudentes” para reforzar la seguridad en las instalaciones de Estados Unidos y en las misiones diplomáticas en el extranjero para prevenir posibles recciones encolerizadas por la divulgación del contenido.
En informe de la investigación confidencial fue aprobado por la comisión de investigación del Senado en diciembre de 2012 y sus miembros votaron en abril pasado a favor de hacer público la divulgación de un resumen de casi 500 páginas.
Pero la publicación de este resumen fue demorada ante los desacuerdos surgidos entre la Casa Blanca y los congresistas sobre el volumen de datos que era necesario omitir en el texto final, como por ejemplo los nombres secretos de los agentes de la CIA o de países y autoridades que han cooperado con Estados Unidos en la llamada “guerra contra el terrorismo”.
Dirigentes del opositor partido republicano han cuestionado la conveniencia de la divulgación y el excesivo costo del informe que ha representado un gasto de 40 millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses.
Dick Cheney, que fue vicepresidente de Bush, incluso defendió vigorosamente la crudeza de las técnicas utilizadas para interrogar a los sospechosos, argumentando que eran “totalmente justificadas” y necesarias para obtener información que permitiese salvar la vida de estadounidenses y otras personas en el mundo que pudiesen verse afectadas por ataques terroristas de Al Qaida.
“Se trata de un programa que fue autorizado (…) y fue examinado desde el punto de vista legal por el departamento de Justicia”, señaló Cheney al diario The New York Times.
