El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y el mandatario colombiano Juan Manuel Santos abrieron la posibilidad de reconocer los crímenes sobre drogas cometidos por las FARC como delitos políticos en tanto mecanismo necesario para alcanzar la paz.
Clinton dijo que su país podría considerar los crímenes sobre drogas cometidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-comunistas) como delitos políticos siempre que un eventual acuerdo de paz lo contemple y tenga apoyo de la sociedad colombiana.
“Si se alcanza un acuerdo de paz que tenga un amplio apoyo en Colombia, creo que Estados Unidos podría apoyarlo porque sabemos que los beneficios de la paz son importantes”, aseguró el exmandatario en una entrevista con la emisora colombiana W radio.
Así respondió Clinton a la pregunta de si su país aceptaría la propuesta del presidente colombiano Juan Manuel Santos para considerar como delitos políticos aquellos relacionados con las drogas en el marco del conflicto armado, cometidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas).
Por su parte, Santos negó que se pueda aceptar el narcotráfico como delito político pero indicó que es necesario discutir si el uso del dinero de las drogas para financiar la rebelión se puede considerar un crimen conexo.
“Nunca aceptaré que el narcotráfico como un delito sea un delito político, pero la utilización de los recursos del narcotráfico que ha hecho la guerrilla para hacer su trabajo de rebelión en alguna forma tiene que ser reconocido en la justicia transicional para efectos de participación en política”, dijo el mandatario a periodistas en el marco de la XXIV Cumbre Iberoamericana de Veracruz (este de México).
Santos explicó que el componente penal de los delitos cometidos por los guerrilleros que se desmovilicen será contemplado en la justicia de transición, mientras que la discusión sobre delitos conexos implica la posible participación en política de quienes dejen las armas.
De otro lado, el expresidente colombiano Andrés Pastrana, un duro crítico del gobierno, envió una carta abierta a Santos donde rechazó la posibilidad de contemplar el narcotráfico como delito político y calificó la propuesta como una claudicación del Estado.
“El amparo del narcotráfico bajo la sombrilla del pretexto político es la genuflexión del Estado colombiano ante el poder del crimen organizado”, dijo Pastrana (1998-2002), quien sostuvo fracasadas conversaciones de paz con las FARC, a las que otorgó una amplia zona desmilitarizada al sur del país.
Las FARC, principal guerrilla de Colombia, surgida en 1964 de una insurrección campesina y actualmente con unos 8,000 combatientes según cifras oficiales, han reconocido cobrar un impuesto a los campesinos que cultivan coca, base para la cocaína, y que llaman “impuesto de gramaje”.
El jefe máximo de las FARC, alias Timochenko, ha admitido que la guerrilla ha perdido “cuadros” (altos miembros) que se han dejado absorber por el narcotráfico, según un informe del diario El Tiempo publicado el domingo, que cita fuentes de inteligencia.
El gobierno y las FARC buscan poner fin a un conflicto armado de 50 años, en el que han participado guerrillas, paramilitares, agentes del Estado y narcotraficantes y que ha dejado 220.000 muertos y unos 5,3 millones de desplazados, según datos oficiales.