La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó esta semana una ley de sanciones al gobierno de Venezuela, la cual había sido aprobada previamente por el Senado y el presidente Barack Obama anunció oficialmente que en los próximos días la va a ratificar.
Pero las sanciones aprobadas no son para castigar a Venezuela, como país o nación, sino a miembros del Gobierno que han cometido graves violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos.
Uno de los impulsores de esta Ley, el senador republicano de origen cubano Marco Rubio, explicó que con esta medida “se trata de poner fin a los días en que individuos del régimen (chavista) violan los derechos humanos del pueblo venezolano durante la semana y luego se pasan sus vacaciones en la Florida viviendo de lujo y malgastando la riqueza de Venezuela”.
Ciertamente, lo que se contempla en la Ley es anular las visas estadounidenses, congelar los activos y cuentas bancarias y descalificar para hacer negocios con empresas de Estados Unidos, a los funcionarios del régimen chavista de Venezuela responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión de las manifestaciones de la oposición que se realizaron en la primera mitad de este año.
La ley no menciona nombres de los sancionados, pero analistas políticos y periodistas coinciden en que serán afectados sujetos como José Gregorio Vielma Mora, gobernador del Estado de Táchira, donde comenzaron las protestas democráticas en marzo de este año que luego se extendieron a todo el país dejando un saldo de 43 muertos, más de 600 heridos y alrededor de 3,500 encarcelados, muchos de ellos golpeados en las calles y luego ultrajados en las cárceles.
Otro afectado por las sanciones estadounidenses sería Miguel Rodríguez Torres, quien era el ministro del Interior cuando las protestas democráticas fueron reprimidas con extrema brutalidad; y la fiscal general Luisa Ortega, quien ha criminalizado el ejercicio de los derechos políticos y ordenado cárcel para líderes de la oposición democrática venezolana.
Los chavistas en Venezuela y sus aliados en otros países alegan que Estados Unidos no tiene autoridad moral para condenar a nadie por violaciones a los derechos humanos, cuando ahora mismo el Senado estadounidense ha revelado que prisioneros de la guerra contra el terrorismo fueron torturados por miembros de la CIA.
Pero nada tiene que ver un asunto con el otro. El Gobierno de Estados Unidos ha reconocido que esas torturas han sido hechos abominables, vergonzosos e indignos de una sociedad democrática. Y en ese país fluye libremente una corriente poderosa de opinión para que los responsables de las torturas sean castigados como lo merecen. En Venezuela, por el contrario, el régimen chavista no reconoce los abusos cometidos durante la represión de las protestas populares, sino que los niega o los justifica y ha premiado con ascensos a los violadores de derechos humanos, en vez de castigarlos.
Finalmente, lo que hace Estados Unidos al sancionar mediante una Ley a los violadores de los derechos humanos en Venezuela, es lo menos que se puede hacer en defensa de los valores de la democracia y la libertad.
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