El presidente del PLI cree que
el CSE no se ha pronunciado porque la reforma a la Ley de Identificación Ciudadana, el 18 de diciembre pasado, se aprobó prácticamente en vacaciones.[/doap_box]
La decisión de prorrogar la vigencia de las cédulas de identidad con fechas vencidas se tomó casi en el último momento del año e incluso se llamó a los diputados desde su receso de fin de año para que ellos aprobaran con carácter de urgencia la reforma a la Ley de Identificación Ciudadana, enviada por el presidente inconstitucional Daniel Ortega Saavedra.
Sin embargo, desde el pasado 11 de noviembre ya estaba disponible una iniciativa que precisamente tenía el fin de prorrogar las cédulas con fechas vencidas, presentada por la bancada Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli), que los diputados oficialistas con mayoría absoluta en el parlamento ignoraron por completo.
Desde principios de año se anunció que la validez de las cédulas vencidas no se prolongaría más como en años anteriores, pero fue hasta finales de noviembre que se comenzó a observar una numerosa e inusual cantidad de personas en las delegaciones electorales y en las oficinas de Servicios del Gobierno (Servigob), precisamente donde se tramita, renueva y repone el documento de identidad.
Fueron los medios de comunicación quienes recordaron que no habría más prórroga y que era necesario renovar las mismas antes del 31 de diciembre, con el correspondiente pago de los 300 córdobas del nuevo formato, que diferentes organismos civiles y partidos y movimientos de oposición sostienen que es un cobro ilegal.
La multitud de personas haciendo fila en las delegaciones electorales trajo la duda del número de ciudadanos con cédulas no vigentes en el país, que a esta fecha el Consejo Supremo Electoral (CSE) no divulga de forma oficial.
Pero la voz de alerta llegó cuando el presidente del Consejo Electoral Departamental (CED) de Estelí, José Antonio Benavides, hizo un llamado a renovar las cédulas, ante la gran posibilidad de que no se aprobara una nueva prórroga y habló de dos millones de ciudadanos con cédulas vencidas.
PRESIÓN SOCIAL
El diputado de la Bapli, Eliseo Núñez Morales, afirma que el Gobierno tomó esta decisión, no por ser responsable a última hora, sino por la presión social de cientos de ciudadanos, principalmente a través de los medios de comunicación y de las redes sociales.
Finalmente, la vigencia de las cédulas de identidad que serían invalidadas este 1 de enero fue prorrogada en una sesión extraordinaria que el Gobierno pidió hacer al poder legislativo.
Según Núñez, asistir a esa sesión no implicó un pago extra, porque a los diputados no les pagan por sesión (sino un salario), pero aún así reconoció el hecho de dejar para último momento lo que se pudo hacer antes, sobre todo por la propuesta que ya tenían lista.
Para el presidente nacional del PLI, Eduardo Montealegre, la decisión a última hora se debió al afán de protagonismo de Ortega y calificó esto como mezquindad.
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