La crisis navideña provocada por la avalancha de ciudadanos que pretendían renovar sus cédulas, de identidad ante la inminente muerte civil que pendía sobre ellos al vencerse el plazo para hacerlo, el 31 de diciembre, quedó resuelta el jueves 16 luego que la Asamblea Nacional (AN) en sesión extraordinaria promovida por el ejecutivo y por unanimidad de sus 91 diputados, aprobó extender el plazo hasta el 31 de enero del 2018.
Era obvio ante los ojos de cualquier ciudadano, que el Consejo Supremo Electoral (CSE) no tenía la capacidad para darse abasto ante la masiva demanda que provocó la víspera que el plazo expiraba, el anuncio oficial de que esta vez no sería prorrogado y la clausura de la XXX legislatura de la AN el pasado 15.
De pronto, miles de ciudadanos dejaron de pensar en la gallina navideña o en los regalos que tradicionalmente se compran en estas fechas y se fijaron en la mente renovar su cédula aún a costa de los 300 córdobas y de pasar todo el día en largas filas en los centros de cedulación departamentales.
No está de más repetir que todo este suplicio se pudo haber evitado si la Junta Directiva de la AN hubiera dado trámite a la iniciativa de la Bancada de la Alianza PLI introducida ante la Primera Secretaría el 11 de noviembre. Da la casualidad, que el mismo día que la Asamblea clausuraba en sesión solemne la XXX Legislatura el pasado 15 de diciembre, el ejecutivo introdujo una iniciativa de prórroga con carácter de urgencia, por lo que la Junta Directiva de la AN convocó a una sesión extraordinaria para darle trámite.
Como lo manifesté en el plenario, a tono con el espíritu navideño de paz y reconciliación que debe privar en estos días, celebro la introducción de dicha iniciativa que fue aprobada en lo general de forma unánime por los 91 diputados presentes.
Cierto que un poco tarde, pero es mejor tarde que nunca. Pero es un triunfo de todos los nicaragüenses, particularmente del sector campesino que vive en las áreas rurales, que es donde hay mayor proliferación de cédulas vencidas. Para ellos, obtener una nueva cédula es mucho más complejo, porque además de pagar los 300 córdobas deberían viajar a las cabeceras departamentales con el consecuente costo y pérdida de tiempo.
Los logros concretos de la Bancada de la Alianza PLI que anticipó la urgencia de esta reforma a la Ley 152, Ley de Identificación Ciudadana son los siguientes: no solo se prorrogó el plazo hasta el 31 de enero del 2018 a como originalmente proponía nuestra iniciativa, sino que se aprobó que el trámite se realice en el propio municipio, para lo cual la Asamblea Nacional dotará al CSE de la partida presupuestaria correspondiente.
Por otro lado, se mantiene la gratuidad para las nuevas cédulas, las que ahora serán emitidas únicamente con el nuevo formato y para las reposiciones se establece, aunque no está propiamente en el texto de la ley, hay un acuerdo implícito entre las bancadas, de que sea únicamente de 100 córdobas.
La moción en este sentido presentada por el jefe de la Bancada de la Alianza PLI, diputado Wilber López y aprobada por consenso dice: “El Consejo Supremo Electoral deberá emitir la resolución en la que se establezca el calendario para la renovación de cédulas bajo el nuevo formato y el monto a pagar”.
Aunque no está explícito en el texto de la reforma, queda entendido que el CSE debe brindar facilidades especiales para renovar sus cédulas a los nicaragüenses que residen en el exterior y cuando vienen al país a realizar sus trámites cuentan con poco tiempo y a los ancianos de la tercera edad que deben ser priorizados a como corresponde y está estipulado en la ley de adultos mayores.
Los ciudadanos en todo el país no deben esperar a que nuevamente se acerque la expiración del plazo para renovar sus cédulas, sino que deben hacerlo gradualmente en la medida de que surtan efectos los aspectos positivos de esta reforma, como lo es el traslado del proceso de cedulación a las cabeceras municipales.
El autor es diputado miembro de la Bancada de la Alianza PLI
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