Los organismos defensores de los derechos humanos y demás organizaciones independientes de la sociedad civil, así como el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, los partidos políticos de oposición y muchos ciudadanos mediante llamadas telefónicas a Radio Corporación, condenaron la represión de la Policía contra los campesinos que se oponen a la construcción del Canal Interoceánico en Nicaragua. Condena a la que, por supuesto, se suma LA PRENSA por este medio.
En la madrugada del 24 de diciembre recién pasado, centenares de campesinos que mantenían un tranque de protesta en la zona de El Tule, departamento de Río San Juan, fueron violentamente desalojados por las fuerzas policiales. Un poco más tarde, ese mismo día, otro tranque que los campesinos opuestos a la construcción del Canal mantenían en Nueva Guinea, Región Autónoma del Atlantico Sur, fue levantado ante la amenaza de la inminente represión policial. Y el día anterior, otros ciudadanos que tenían obstaculizada la carretera cerca de la ciudad de Rivas también habían sido atacados violentamente por la Policía de Daniel Ortega.
Varias personas fueron golpeadas y encarceladas por la Policía Nacional, incluyendo al señor Octavio Ortega, quien es uno de los principales líderes de la protesta campesina contra el Canal. Incluso se habló de que dos personas habrían sido asesinadas por la Policía en El Tule, pero esta información proporcionada por participantes en la protesta que llamaron por teléfono a Radio Corporación no pudo ser confirmada por los periodistas y fue negada por el alto mando de la Policía orteguista. Como también resultó falsa la información que dio oficialmente la jefa de la Policía, Aminta Granera, para justificar la represión de sus tropas contra los campesinos, de que estos habían asaltado e incendiado la estación policial de El Tule.
La violenta represión policial en vísperas de la celebración navideña ha hecho recordar a algunos analistas la Navidad Roja de 1981, cuando el gobierno sandinista que encabezaba Daniel Ortega como coordinador de la Junta de Gobierno Revolucionaria, ordenó el desalojo y reubicación de más de cuarenta comunidades campesinas indígenas de la región del Atlántico Norte, en medio de una cruda represión militar.
Las circunstancias históricas son distintas y la magnitud de la represión gubernamental ha sido ahora menor que la de aquella tristemente célebre Navidad Roja de 1981. Pero la comparación se hace en el sentido de que la despiadada represión de diciembre de 1981 contra las comunidades indígenas del norte de la costa Atlántica enemistó y enfrentó a casi toda la población costeña con el régimen revolucionario sandinista, que ocho años después sería derrotado en las urnas electorales por el pueblo hastiado de las penurias y la represión.
Esa historia podría repetirse, de la misma manera que, con otras apariencias, se ha repetido la dictadura de Daniel Ortega. Y es que cuando comienzan a reprimir a la población como lo ha hecho la Policía de Daniel Ortega contra los campesinos que se oponen a la construcción del Canal, las dictaduras se adentran en un camino tortuoso que solo tiene un destino: el de su propia destrucción. De la manera que sea.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
