Campesinos heridos, encarcelados, desaparecidos o secuestrados. Ese es el saldo que un colectivo de organizaciones de la sociedad civil estima que ha dejado la represión del gobierno inconstitucional de Daniel Ortega en contra de quienes han protestado pacíficamente por la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, que reclaman carece de los estudios de impacto ambiental y social. La lista, según la presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Ana Margarita Vijil, supera los cien nombres.
[doap_box title=»Alerta internacional» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]La presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Ana Margarita Vijil, afirmó que ya tienen activadas las “alertas internacionales” por violación a los derechos humanos, tras los violentos desalojos que sufrieron decenas de campesinos entre el 23 y 24 de diciembre.
“En Nicaragua se sabe ampliamente que más de cincuenta mil campesinos y pobladores de las zonas directamente afectadas por la ruta del Canal, han rechazado la concesión canalera, protestado en 16 marchas pacíficas y múltiples tranques”, recordó ayer el Movimiento por el Rescate del Sandinismo, en otro comunicado.[/doap_box][doap_box title=»Hoy harán plantón» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]Para hoy viernes, a partir de las 9:00 de la mañana, los miembros del colectivo de organizaciones civiles y políticas que respaldan las protestas contra el Canal realizarán un plantón frente al Casino Pharaohs, de Carretera a Masaya. Con el plantón pretenden expresar su solidaridad con los campesinos afectados por la ruta del proyecto y también con quienes fueron desalojados de forma violenta de sus plantones. “Queremos defender la vida, la tierra y la dignidad de las familias campesinas”, indican en la convocatoria que circula en las redes sociales.[/doap_box]
En una conferencia de prensa y a través de varios pronunciamientos, el colectivo exigió desde el miércoles la liberación de los campesinos de Rivas, El Tule y San Miguelito, detenidos de forma violenta en los desalojos a cargo de la Policía Nacional, que califican como un terrorismo de Estado. Otros grupos y movimientos políticos también sumaron su voz a la demanda.
Hasta ayer por la tarde, las organizaciones tenían un registro de 25 detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), de Tiscapa, mejor conocido como El Chipote.
Sin embargo, insistieron en que el número total de golpeados, presos o desaparecidos ronda los cien.
Entre quienes fueron detenidos mencionaron a Octavio Ortega Arana, presidente de la Fundación de Municipios de Rivas, herido en la cabeza, diabético e hipertenso.
Responsabilizamos a Daniel Ortega y Aminta Granera (jefa de la Policía Nacional) por la salud no solo de Octavio, sino de todos los detenidos y desaparecidos, advirtió Vijil, durante la conferencia.
ASÍ NO PUEDE SER BUENO, ASEGURA LUISA MOLINA
El enlace de la Coordinadora Civil, Luisa Molina, aclaró que ninguno de los ciudadanos que ha protestado ni tampoco las organizaciones civiles que los respaldan están en contra del desarrollo del país.
Sin embargo, aclaró que nada que violenta de manera tan tajante el marco jurídico ¡41 artículos de la Constitución Política! nada que se impone con sangre y fuego es bueno para los nicaragüenses.
Ortega ha ignorado las protestas y reclamos, a espaldas totalmente de los intereses nacionales (…) a sangre y fuego se pretende imponer la ignominiosa entrega de Nicaragua, denuncian las organizaciones en su pronunciamiento.
La Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local también manifestó su apoyo a los campesinos y condenó la violenta represión ordenada por el Gobierno.
Reafirmamos nuestro apoyo al Comité Nacional de Defensa de la Tierra, el Agua y la Soberanía Nacional y llamamos a las organizaciones campesinas, sociales, gremiales, de mujeres, de juventudes, a las Iglesias, a las bases del partido de Gobierno y a toda la población de todos los municipios del país a movilizarse y a exigir un diálogo que culmine en las solución de los grandes problemas que nos aquejan, indicó en su comunicado.
Los desalojos de la Policía fueron realizados entre la tarde del 23 de diciembre y la madrugada del 24 en las comunidades mencionadas.
26 personas detenidas o a la espera de un proceso judicial es el número que la Policía Nacional tiene como resultado de sus desalojos contra las protestas por el Canal. Ayer al final de la tarde, la Policía liberó a 18, pero la suerte del resto era desconocida y la Policía no habló de ellos.
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