Líderes de varios distritos de los municipios de Nueva Guinea y Punta Gorda, denunciaron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) la militarización en El Tule, Río San Juan y en las diferentes comunidades de Nueva Guinea y Punta Gorda.
Francisca Ramírez Torres, viccoordinadora nacional del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, denunció que desde el inicio de los tranques a mediados de diciembre, ha aumentado la presencia de policías y militares en El Tule y Nueva Guinea.
“Estamos siendo prisioneros en nuestras propias casas porque el Ejército anda persiguiendo a los campesinos que han participado en las protestas. Queremos que el Gobierno se pronuncie después de todo lo que le dijimos a Telémaco Talavera el día que nos reunimos con él” (27 de diciembre), dijo Ramírez.
“No entiendo por qué el Gobierno no entiende lo que nosotros queremos: la derogación de la Ley 840”, agregó Medardo Mairena, de Punta Gorda, refiriéndose a la ley creadora de la concesión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.
Orlando Campos, de Nueva Guinea, afirmó que a través de un comunicado emitido por el Consejo Nacional, piden al Gobierno de Daniel Ortega que haya un diálogo con todos los sectores de la sociedad y que se acabe la persecución hacia los campesinos y miembros de esta organización.
Además, los líderes comunitarios esperan la liberación inmediata de Ronal Henríquez, quien fue detenido durante las protestas en Rivas.