La Contraloría General de la República reporta en su informe de gestión del 2014, que hasta septiembre de este año, el Estado solo habría tenido un perjuicio económico por el mal uso de los recursos públicos por monto de 26.1 millones de córdobas.
Sin embargo, para exfuncionarios de esta entidad y juristas consultados por este diario, lo reducido de esta cifra evidencia que el ente fiscalizador se hizo de la vista gorda ante los principales escándalos de corrupción que se dieron en el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega durante este año que agoniza.
El informe de gestión del ente fiscalizador está actualizado hasta septiembre de este año, pero los números tendrían una tendencia similar al 2013. En una ponencia presentada en marzo de este año ante la Asamblea Nacional por el actual presidente de la CGR, el contralor Luis Ángel Montenegro, este reveló que en 2013, el daño económico al Estado alcanzó los 32 millones de córdobas.
El informe de la CGR determina el perjuicio económico al Estado según las responsabilidades civiles y penales establecidas por el consejo de contralores. Esto no quiere decir que el dinero ha sido recuperado por el Estado, ya que para esto hay un proceso administrativo e incluso, en el caso de las penales, una intervención del Ministerio Público.
Para el excontralor Agustín Jarquín Anaya, la CGR quedó a deber este año en su gestión debido al férreo control institucional ejercido por la pareja presidencial en el Estado. “Lamentablemente, el proceso de pérdida de independencia y disminución de la institucionalidad emprendido por el comandante Ortega y su esposa Rosario Murillo para someter al Estado a su dominio, ha alcanzado a la Contraloría desde hace mucho”, expresó Jarquín Anaya.
LA PRENSA llamó al contralor Luis Ángel Montenegro para consultarle su opinión sobre estas consideraciones, pero este no atendió las llamadas a su móvil.
Montenegro, de tendencia sandinista, asumió la presidencia del consejo de contralores de la CGR luego del fallecimiento el 15 de noviembre pasado de Guillermo Argüello Poessy.
NO VIERON CRISIS EN MINED, NI UTILIDADES DE PETRONIC
“Es lamentable además que pese a la calidad profesional de los funcionarios de la Contraloría, esta institución dista mucho de ser lo que establece su mandato constitucional y las expectativas que tiene la población. Hay graves hechos de supuesta corrupción como los ocurridos con las contrataciones en el Ministerio de Educación o la fiscalización a las utilidades de Petronic, que pueden alcanzar los tres mil millones de córdobas, además de la gran cantidad de contrataciones directas que se han dado, y ninguno de estos casos ha sido analizado por la Contraloría”, señaló Jarquín Anaya.
En septiembre pasado, el Ministerio de Educación fue intervenido, por orden de la Presidencia de la República, por auditores del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y dirigidos supuestamente por el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.
El objeto de la intervención era ordenar las finanzas del Mined luego de que investigaciones de LA PRENSA revelaran el tráfico de influencias que se daba en diversos procesos de contratación de esta cartera. La Contraloría, pese a la evidente usurpación de sus funciones, no se pronunció sobre esta decisión gubernamental.
NO SE FISCALIZÓ AL CSE
Para el jurista y exprocuradora general de la república, Alberto Novoa, además de no ver los escándalos públicos por el mal manejo de recursos, el problema de la CGR es no fiscalizar sobre procesos polémicos y cuestionados, como es el caso del cobro de 300 córdobas por cédula de identidad que hace el Consejo Supremo Electoral.
“Existe un enorme problema de secretismo y falta de información que ha llevado a la Contraloría a enfrentar un serio problema de falta de credibilidad. Por ejemplo, ¿quién fiscaliza al Consejo Supremo Electoral por el cobro de las cédulas? Además, se expusieron tantas irregularidades en diferentes empresas y entidades ligadas a actores vinculados con el poder y no hubo una respuesta efectiva de la Contraloría sobre estos casos”, añadió Novoa.
