Ha transcurrido casi una semana desde que la fotógrafa belga Michele Sennesael denunció haber sido detenida por efectivos de la Policía y el Ejército, y luego deportada arbitrariamente, pero hasta ahora ninguna autoridad gubernamental la ha desmentido.
La fotógrafa europea dijo a LA PRENSA que el 21 de diciembre pasado fue apresada en El Tule, departamento de Rivas, mientras tomaba fotografías de las protestas campesinas contra el Canal y que al día siguiente fue deportada sin que le dieran ninguna explicación. Y agregó que antes de ser deportada miembros de la Policía llegaron a su alojamiento y robaron sus cámaras, computadora, vídeos, trípode, teléfonos, memorias, etc.
Quizás el silencio oficial ante esta grave denuncia pública, que lógicamente ha tenido resonancia internacional, se deba a la arrogancia que es característica del régimen actual. Sin embargo también se puede entender como un reconocimiento silencioso de que es cierto que ocurrieron los abusos denunciados por la fotógrafa belga.
Según Michele Sennesael, ella había venido antes a Nicaragua para recoger testimonios gráficos sobre la situación de los niños pobres de la ciudad de Matagalpa y promover en Europa la solidaridad con ellos. Con ese fin ha montado exposiciones en Bélgica y publicado libros con su material fotográfico, los cuales son vendidos para recaudar fondos de apoyo a una ONG que brinda asistencia a niños matagalpinos de la calle.
Explicó la fotógrafa Sennesael, que al conocer las informaciones sobre las protestas campesinas contra el proyecto del Canal de Nicaragua, decidió ir a sitios de la ruta canalera para tomar fotografías sobre la situación de los niños campesinos en esos lugares. Y eso es lo que hacía en El Tule cuando ocurrieron las protestas y fue apresada, ultrajada, robada y deportada de Nicaragua.
Pero el caso de Sennesael no es el primero que ha ocurrido en Nicaragua, bajo el régimen actual de Daniel Ortega, contra extranjeros que son profesionales de la comunicación social o por alguna motivación política. Como lo ha recordado LA PRENSA al dar seguimiento a la información sobre la denuncia de la fotógrafa belga, en noviembre de 2012 al periodista sueco Peter Torbiomsson no le fue permitido reingresar al país, porque en un documental sobre el atentado terrorista de La Penca, ocurrido en 1984, él denunció que fue un crimen fraguado por autoridades del régimen sandinista de aquella época.
En marzo de 2013, el italiano Mateo Cardella fue deportado de Nicaragua por plantear un reclamo de propiedad contra un operador político orteguista y antiguo miembro de los órganos represivos sandinistas.
En mayo de 2013, el fotógrafo chileno Héctor Retamal fue detenido y deportado bajo una vaga acusación de espionaje que no fue sustentada en ninguna instancia judicial. Y en junio del mismo año, el boliviano Carlos Ariñez Castel, esposo de Zoilamérica Ortega Murillo, fue expulsado de Nicaragua después de que la hija adoptiva de Daniel Ortega diera una declaración pública sobre su madre, la señora Rosario Murillo.
Casos como estos no ocurren en países democráticos, solo en aquellos que están dominados por dictaduras, como Cuba, Venezuela o Nicaragua.
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