A él no le cabe ninguna duda: esta Policía Nacional de hoy no es la misma de 2006. Esta institución asegura Roberto Orozco, investigador y consultor en temas de seguridad ciudadana, es hoy un ente partidario afín al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. Aclara Orozco: A Daniel Ortega y su familia. Entre sus anotaciones, registros y estudios sobre el comportamiento policial desde 2007, año en que Ortega regresó al poder por la vía electoral, Orozco asegura haber encontrado infinidad de evidencias y señales de que esta institución que se apellida Nacional, en realidad es orteguista. La más visible gráficamente, señala, es el logotipo y lema adoptado el año pasado: En Sandino y con Sandino y el emblema 80/35 con la figura del sombrero del héroe nacional, para commemorar el 80 aniversario de la muerte de Sandino y el 35 aniversario de la institución, que nació en 1979 como Policía Sandinista. Habiendo tantos héroes nacionales y eligen el símbolo del partido en el poder y el apellido ideológico con que nacieron como institución partidaria, es decir, el mensaje es volvemos a ser del partido sandinista, dice Orozco.
Este investigador social pone un ejemplo de lo que él llama vuelta radical al origen de la Policía Nacional: el caso del motociclista herido de un balazo a manos de un motorizado afín al Gobierno, durante una protesta social en contra de los abusos policiales en la aplicación de multas de tránsito.
El tipo fue agarrado in fraganti y la Policía debía seguir el proceso normal para procesar a alguien sospechoso de atentar contra la vida de otra persona con un arma de fuego, una situación que en cualquier parte del mundo es grave, pero qué ocurrió aquí: la Policía protegió al agresor, intimidó a la víctima en su propia cama donde estaba hospitalizado, rechazó recibir la denuncia de los ofendidos y guardó silencio sobre el hecho grave. ¿Por qué? Porque el agresor actuó contra una protesta de opositores al gobierno, razona Orozco.
¿De qué manera se puede calificar esta actuación policial? Como complicidad criminal en un acto de terrorismo contra un sector de la sociedad, a la que las autoridades no reconocen como sujetos con derecho a la justicia y la seguridad. Este comportamiento no es normal en un cuerpo policial. Es una situación anormal y peligrosa, porque es la misma institución encargada de garantizar la seguridad de todos los nicaragüenses, sin distingo de colores políticos, la que se encarga de proteger a alguien que atentó contra la vida de una persona. Es decir, la Policía ha creado un comportamiento sesgado que viola los derechos constitucionales de un grupo de nicaragüenses y la Policía misma, llamada por ley y naturaleza a hacer respetar las leyes y proteger la vida, incurre en delitos de omisión al ver cómo motorizados y miembros de la Juventud Sandinista agreden a opositores a vista y paciencia de los uniformados. Si alguien me dice que eso es un papel normal y legal, yo le diría que no, que es un crimen que lo comete tanto el que golpea, como el que permite golpear, critica Orozco.
Debe ser tema de debate
Menos categórica pero igual de segura en su análisis resulta la opinión de Elvira Cuadra, directora del Instituto de Estudios y Estrategias de Políticas Públicas, quien percibe un crecimiento de descontento social en un sector de la sociedad por el papel de la Policía, situación que a criterio de ella debe ser motivo de un profundo debate.
En principio, ella denomina los reclamos políticos de la oposición, los que se oponen al Canal y los que reclaman por el supuesto abuso policial con las multas de tránsito, como focos de conflictividad social.
Ese es un tema que debería ser motivo de un debate público, porque tiene que ver con una situación que se ha venido incrementando en los últimos años y es la conflictividad social. En la historia del país, ha sido un tema recurrente, desde 1990 a la fecha. En los primeros años de los noventa, el país tuvo altísimos niveles de conflicto social, que adquieren ribetes de conflicto político en la medida que las autoridades intervienen por razones ideológicas y rechazan o desconocen los reclamos de quienes no le son afines a su gobierno, analiza.
En los noventa la orden era garantizar la seguridad a como sea, y la Policía jugó un papel clave advirtiendo que estos eran conflictos sociales que no se podían resolver únicamente mediante la represión y la Policía misma, en muchas situaciones jugó a mediar entre las partes en conflicto para evitar que los niveles de violencia aumentaran. En un período más reciente el nivel de conflicto social disminuyó, pero ahora lo estamos viendo resurgir nuevamente y yo no lo vería como conflicto político de la oposición, sino como expresión de conflictos sociales emergiendo, que deben ser reconocidos, atendidos y abordados no solo por la Policía, sino por el Gobierno y las instituciones estatales a través de mecanismos de diálogos, negociación y resolución pacífica, señala Cuadra.
Patriotismo: “Es el amor a la patria, cuya máxima expresión es la determinación consciente de los ciudadanos para defenderla ante cualquier amenaza o riesgo”.
Respeto a los derechos humanos: “El ser humano es el centro y razón de ser de la actividad policial, por tanto constituye un elemento transversal en nuestro modelo policial, el respeto profundo al ser humano y a su dignidad; la protección y defensa de sus derechos inalienables, su vida, seguridad, libertad y demás garantías consagradas en la Constitución Política…”.
Solidaridad: Es para la institución policial, un elemento vital de cohesión interna y de unidad, que promueve el desarrollo de relaciones armónicas, de respeto, lealtad, solidaridad y cooperación entre sus miembros, y hacia fuera, es el hilo conductor que se expresa en el espíritu de entrega, sacrificio y compromiso de sus miembros hacia la comunidad, en la construcción de espacios de seguridad, justicia y equidad. [/doap_box]
Para ella, designar en la Policía y su función represora el orden de las protestas, es apostar a la violencia y no al diálogo.
Es decir, que a la Policía no le toca negociar ni resolver conflicto, su función, universal e histórica, es la de establecer el orden y constitucionalmente le corresponde el uso de la fuerza para ejercer su misión. A veces basta con hacer cosas sencillas para reducir los conflictos, por ejemplo: si el vocero del proyecto del Canal hubiera llegado a hablar con la gente en los tranques, antes de mandar la intervención policial y no después, posiblemente no se hubiera llegado a la violencia y no se habría creado esa sensación de desconfianza que luego se dio cuando él llegó a las comunidades que habían sido reprimidas, observa ella.
El primer recurso para resolver el conflicto y el descontento social, no puede ser la policía ni la represión y eso es algo que está haciendo falta en este nuevo fenómeno de conflicto social, asegura.
La orden es aplastar
A Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, no le cabe ninguna duda que Ortega, presidente de Nicaragua desde 2007 y reelecto en 2011 bajo acusaciones de fraude electoral de la oposición política, ha revertido el papel profesional de la Policía Nacional para convertirla en una institución partidaria clave en su proyecto político de largo plazo.
En el Cenidh nosotros hemos venido recopilando cada año todos los hechos relacionados con la violación de derechos humanos de los nicaragüenses y en ese ejercicio hemos constatado directamente que el nivel de involucramiento de la Policía Nacional con las agresiones a los nicaragüenses que protestan ha ido en aumento y se ha radicalizado, dijo Carrión.
Durante enero de 2012 y septiembre de 2013, el Cenidh recibió un total de 1,096 denuncias de este tipo. Históricamente, el porcentaje de comprobación se había mantenido ligeramente superior al cincuenta por ciento, pero en los últimos dos años los casos en los que se constató violación de derechos humanos han superado el setenta por ciento.
Según Carrión, la mayoría de estas denuncias están documentadas y relacionadas con abuso de poder, represión de protestas sociales, detenciones ilegales, amenazas, intimidación e incumplimiento del deber de intervenir en defensa de la integridad física de ciudadanos que demandan sus derechos frente a las fuerzas paraestatales constituidas en fuerzas de choque que les agreden.
La orden de la Policía es aplastar cualquier expresión de descontento social contra el Gobierno, denuncia Carrión.
También se recibieron denuncias sobre tratos crueles e inhumanos en las celdas policiales que en varios casos incluyeron la violación sexual de las personas detenidas. Hemos denunciado la afectación a la vida, libertad e integridad personal en el marco de manifestaciones pacíficas y distintos hechos que ocurrieron durante el periodo evidencian que la Policía Nacional ha tenido un rol activo en la represión de la protesta, sea esta motivada por fines políticos o en la defensa de derechos económicos, sociales y culturales, acusó el defensor de Derechos Humanos.
“Falacias”, dice el estado
Cuando el Cenidh denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violación de los derechos en Nicaragua de parte de fuerzas de choque del Gobierno con complacencia policial, en noviembre de 2014, el representante de Nicaragua ante ese foro, Luis Alvarado, calificó de “falacias” las acusaciones. “En el tema de las denuncias, la Policía Nacional es transparente. No permitimos la impunidad y por eso no podemos aceptar los argumentos falaces que traen las ONG a esta reunión. Es una falacia venir a decir que existe uso excesivo de la fuerza. ¿En qué país del mundo una Policía no va a controlar a grupos que llegan a subvertir el orden, sobre todo en protesta como fue la de los ancianos?”
“El primer recurso para resolver el conflicto y el descontento social no puede ser la Policía ni la represión, sino el diálogo y la negociación”. Elvira Cuadra, directora del IEEPP.
“La Policía simplemente echó por la borda el respeto a las leyes y su avance institucional, ahora funciona más como escolta personal y guardia política del partido de gobierno”. Roberto Orozco, consultor de seguridad.
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