A casi un mes de los sucesos ocurridos en diciembre pasado en Rivas y El Tule, San Miguelito, un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, revela con los testimonios de los afectados que fueron víctimas de tortura por parte de los oficiales de la Policía Nacional.
Manuel Antonio Vega auxiliaba a unos campesinos que habían resultado heridos con la intervención policial a primeras horas del 24 de diciembre en El Tule, cuando una segunda intervención de los antimotines lo encontró en el lugar y como resultado de ello sufrió una herida en el cráneo, «siendo lanzado hacia un cerco de púas». La herida que sufrió en la cabeza ameritó 16 puntadas.
En tanto Manuel Trinidad Avilés aseguró que fue golpeado con un bastón policial en la espalda y la nuca que lo lanzó al suelo cuando quiso persuadir a la Policía para que no los agredieran.
Ya en el suelo «me agarraron a patadas (…) los policías dispararon sus balas de goma y recibí dos balas de goma en la pierna izquierda y múltiples garrotazos y patadas hasta que perdí el conocimiento, tenía mis ojos hinchados y la cara inflamada de tantos golpes, yo no podía abrir los ojos, solamente escuchaba. Me arrastraron hasta subirme al bus… tuve un mareo y me desmayé. Recuperé el conocimiento en la Sala del Hospital de San Miguelito», relató Avilés.
En el informe del Cenidh, también aparece el relato de Marlon Ramírez Cerro sobre la golpiza sufrida por José María Caledrón que «fue brutalmente golpeado» en el rostro y un impacto de bala de goma que le dejo sin el ojo izquierdo.
Danilo Lorío, denunció: “me golpeaban en la cabeza con el puño cerrado, nos obligaron a acostarnos en el piso del bus uno encima de otro, nos esposaron con las manos hacia atrás, los policías que estaban cuidando el bus brincaban deliberadamente encima de todos, esta agresión fue por más de una hora (…) un señor de los detenidos se quejaba del dolor… se estaba asfixiando del peso… y porque le pisaban su prótesis… comuniqué que el señor se estaba muriendo que lo pusieran en una silla del bus, ya que estaban vacías, pero un antimotín me respondió que lo dejara, que se muriera y continuaron con la tortura».
Al llegar a la delegación de Juigalpa «nos encerraron en una jaula en el sol, donde no alcanzábamos, todos estábamos apretados, éramos 30 detenidos más los oficiales, luego nos sacaron de la jaula, nos dijeron quítense la ropa… tocaron mi cuerpo de forma insultante… nos trasladaron a las celdas de Auxilio Judicial Managua», señaló Lorío.
En ese lugar indica Lorío que les gritaron: «que nos enseñarían lo que era rico. Me metieron a una celda pequeña de tres en tres donde alcanzábamos completos de pie, no me podía sentar ni nada, ahí nos mantuvieron por más de una hora… luego me llevaron a la celda 21, donde cabían 4 personas».
En su informe el Cenidh señala que si bien es cierto no pueden cuantificar el número de víctimas lesionadas, pues muchos no denunciaron por temor, en los testimonios recibidos, muchos de estos «describen la violencia y el terror que se impuso sobre los campesinos por parte de la Policía Nacional con apoyo militar que evidencian que los oficiales de la Policía recibieron órdenes de utilizar de forma desproporcionada el uso de la fuerza».
Y concluye además que las situaciones descritas y los actos cometidos por la Policía Nacional como por el Poder Judicial «constituyen violaciones a los derechos humanos de las personas establecidos en la Constitución Política de Nicaragua y en instrumentos internacionales de derechos humanos como el derecho de manifestación y de protesta, el derecho de libertad individual, el derecho a la integridad personal, el derecho a no ser sometidos a actos de tortura, el derecho a la dignidad humana».
El Cenidh advierte al presidente inconstitucional, Daniel Ortega, los alcances y las consecuencias de la implementación del Canal Interoceánico, y le insta a iniciar los procesos de consulta en los lugares afectados y a brindar información de forma transparente.
Y a la jefa de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, se demanda que debe realizar una investigación objetiva e imparcial de la represión ejecutada en Rivas y El Tule y a la Fiscalía una investigación imparcial de los abusos. En tanto al Ejército que cese el proceso de militarización de las zonas.
