Al reformar en diciembre pasado la Ley de Identificación Ciudadana, Ley 152, los diputados le indican al Consejo Supremo Electoral (CSE), en el artículo 66, que establezca un monto por el servicio de renovación de la cédula de identidad.
El especialista en temas tributarios, Julio Francisco Báez, asegura que de esa manera los diputados violan el artículo 114 de la Constitución Política, el cual, desde 1995 establece que “corresponde exclusivamente y de forma indelegable a la Asamblea Nacional la potestad para crear, aprobar, modificar o suprimir tributos”. Y “el pago de la cédula es un tributo”, afirma Báez.
En otras leyes y sus reformas, como la reciente a la Ley 431, Ley de Tránsito, son los diputados quienes establecen lo que la Policía debe cobrar por la emisión de licencias, matrículas y otros servicios.
En el artículo ocho la reforma establece la cantidad específica a pagar por los aranceles de especies fiscales y el artículo 145, Tasas por servicios de tránsito, la reforma establece cada uno de los pagos referentes a licencias de conducir y otros servicios.
Para Báez, la Asamblea está “tirando la papa caliente al CSE” porque no quiere asumir el costo político de poner el precio de la cédula en trescientos córdobas y además se convierte en cómplice del poder electoral en todas las arbitrariedades que comete esa institución estatal.
El pasado 18 de diciembre, la Asamblea Nacional ordenó al Consejo Supremo Electoral (CSE), a través de una reforma a la Ley de Identificación Ciudadana (Ley 152), establecer un calendario para la renovación de las cédulas con fechas no vigentes, las cuales se han calculado en más de dos millones. También el legislativo ordenó establecer el costo del servicio de renovación; sin embargo, han pasado 33 días y el CSE aún no emite una resolución al respecto.
El cobro de la renovación de la cédula de identificación ciudadana es inconstitucional, ilegal y por lo tanto un delito que el CSE está cometiendo desde hace cuatro años, explica Báez, con la Constitución Política, la Ley de Identificación Ciudadana y el Código Penal en las manos.
Para Báez no se debería estar discutiendo si el trámite cuesta trescientos o cien córdobas, porque es legalmente gratuito.
La Ley de Identificación Ciudadana, desde la reforma de 2005, solo establece un monto para el trámite de reposición y es de cincuenta córdobas. “Al no cobrar (la renovación), dijeron que sería gratuito. Nadie está obligado a hacer lo que la Ley no manda”, explica.
UN PRESUPUESTO PARALELO PARA ROBERTO RIVAS
“Se está cometiendo un delito, le están sacando la plata de la bolsa a la gente todos los días. Es delito de exacciones y de abuso de autoridad, según el Código Penal vigente. No es que yo lo diga, es la Ley la que lo dice. El que comete delito ¡es delincuente!”, expresa el abogado. En 2010 Báez inició un proceso administrativo ante la Contraloría General de la República y a la fecha no ha recibido respuesta.
Ahora públicamente está “volviendo a demandar a la Contraloría, que pare ese cobro”, “que pare la sangría del pueblo”. Si su petición es escuchada, dice, en consecuencia habría que procesar penalmente a los responsables y “el primero tendría que ser Roberto Rivas”, presidente del CSE.
Por otro lado, señala Báez, debido a que el gasto de la renovación de las cédulas no fue incluido en el Presupuesto General de la República de 2015, el CSE está creando un presupuesto paralelo y Roberto Rivas “maneja un mar de millones de córdobas de las cédulas que cobra”.
“No puede haber dos presupuestos”. Un presupuesto paralelo pasa sobre los artículos 112 y 113 de la Constitución Política, que establecen la naturaleza única e indivisible del Presupuesto de la Nación.
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