Daniel Ortega recuperó el poder en 2007 con la intención de no volver a entregarlo, como tuvo que hacerlo en 1990 después de ser obligado a competir en una elección libre, básicamente limpia y supervisada internacionalmente.
Lo que ha ocurrido en Nicaragua desde que Ortega recuperó el poder, no tiene la sofisticación de los procesos políticos de otros países de América Latina y Europa donde los gobernantes populistas y autoritarios tomaron al poder por medio del mecanismo democrático por excelencia que es la elección popular. Lo de Nicaragua ha sido mucho más burdo. Aquí Daniel Ortega no recuperó el poder a través de elecciones libres y limpias, sino que ha impuesto su régimen populista autoritario mediante el fraude electoral, seguido de un avasallamiento chabacano de las instituciones democráticas republicanas y la pérdida de la posibilidad de volver a cambiar gobierno por medio de la votación popular.
Ante esta situación, desde el año 2007 se ha venido planteando que es necesaria la unidad de toda la oposición, o de sus sectores principales, como condición indispensable para poder derrotar a Ortega y reconstruir la democracia. Este planteamiento parece lógico y prudente, considerando que la división de las fuerzas democráticas —en particular de los partidos liberales— fue lo que permitió a Ortega ganar las elecciones de noviembre de 2006 y concentrar todo el inmenso poder que ahora tiene en sus manos y lo hace aparecer como invencible en cualquier terreno que se le quiera desafiar.
Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para conseguir la ansiada unidad, en vez de unirse los diversos sectores políticos y sociales de oposición se han dividido y dispersado más. En este sentido cabe recordar cómo la alianza liberal que se hizo en 2008 para participar en las elecciones municipales de ese año terminó en un aparatoso fracaso y en medio de graves denuncias de traición. Y prácticamente lo mismo ocurrió el año pasado con el intento o simulacro que hicieron el PLI y el PLC para fusionarse en un solo partido liberal, sin apellidos, como suelen decir sus líderes.
En paralelo también se han hecho experimentos para lograr una unidad opositora más amplia, que no solo sea de los liberales sino que cobije y represente a todos los demás grupos políticos y las organizaciones de la sociedad civil que promueven la democracia. Estos esfuerzos unitarios amplios no han colapsado de manera aparatosa y penosa, como la pretendida y frustrada unidad liberal, pero se han extinguido por inercia o subsisten solo de manera formal, sin capacidad para generar acciones que les permitan presentarse como alternativa de poder o por lo menos de una fuerte y respetable oposición.
Lo cierto es que mientras no existan o no sean creadas las condiciones apropiadas para la unidad de la oposición —o tal vez sería mejor decir para la alianza opositora—, todos los esfuerzos que se sigan haciendo serán en balde. En las condiciones actuales la tarea que está a la orden del día es la acumulación de fuerzas, que cada grupo o partido se fortalezca de acuerdo con sus posibilidades, hacer el “trabajo de hormigas” que recomendaba Carlos Fonseca Amador al Frente Sandinista antes de que —y para que— estuviera listo para tomar el poder.
Pero al mismo tiempo los grupos opositores podrían o deberían formar alianzas en pos de determinados objetivos concretos de interés común. Tal podría ser el caso, por ejemplo, de la lucha por las garantías políticas y legales indispensables para que se pueda participar decentemente en las elecciones nacionales del próximo año.
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