La Policía ya no puede llevar honrosamente el título de Nacional, desde que optó por renunciar al profesionalismo, al lema de Honor, Seguridad y Servicio, para convertirse en una fuerza al servicio de la familia gobernante, pese a que cada centavo del salario de los agentes del “servicio” es pagado por los contribuyentes, no de la bolsa del presidente inconstitucional Daniel Ortega, el ciudadano al que los nicaragüenses le hemos pagado un salario durante 36 años, pese a su mala gestión pública, plagada de destrucción, asonadas, represión, sangre y muerte, ocupamos el segundo lugar de pobreza en el hemisferio, y ahora entrega la soberanía a los chinos, por mencionar algunos hechos.
Los nicaragüenses ya no solo tenemos que protegernos de los grupos paraestatales financiados por el régimen, ahora hasta de la Policía, que porta armas oficiales. Las imágenes no engañan, estamos frente a la metamorfosis de una policía que protege, participa, o se hace de la vista gorda ante las acciones vandálicas de los grupos de choque gubernamental contra manifestantes inconformes con la gestión de Ortega, un derecho constitucional que pretenden suprimir a través de la política de violencia y terror.
Entre los más recientes hechos vandálicos en que participó la Policía, es el de OcupaINSS. Los bienes y vehículos robados a estudiantes que respaldaban la demanda del pago de pensiones a ancianos, permanece impune, mientras la jefatura policial se muestra indolente ante la demanda de investigación y justicia de los afectados.
La descomposición en las filas policiales ha llegado a niveles de complicidad e impunidad alarmantes. Recientemente fue puesto en libertad el hombre que disparó en el cuello a un joven que protestaba por los altos costos de las multas de tránsito. El criminal es un presunto policía y del tema no se habló más.
Vimos una policía actuar con saña contra campesinos de El Tule, seis permanecieron presos fuera del término de ley, otro perdió un ojo a causa del salvaje desalojo. La Policía se escuda en el silencio.
Con qué moral la jefa de la Policía, comisionada Aminta Granera, habla de profesionalismo y cumplimiento del deber, cuando la violación a las leyes y la falta de ética provienen de la misma cúpula policial.
Doña Aminta permanece en el cargo de manera ilegal, en violación al artículo 88 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, gracias a Ortega que le extendió el período de mando en el 2011, el mismo año que él se reeligió inconstitucionalmente y cometió el mayor fraude electoral para alcanzar la mayoría en el Congreso, que le modificó la Constitución a la medida para perpetuarse en el poder.
La jefatura policial no puede dar ejemplo de integridad, honradez y disciplina, sus directores le deben favores al presidente inconstitucional, han sido promovidos por favoritismo, lealtad, o por ser el consuegro de Ortega, como es el caso del comisionado Francisco Díaz.
Esa es la jefatura policial que Ortega ajustó a su medida para que repriman y apunten armas contra los que no se sometan al sistema totalitario, situación de la que no están ajenos los empresarios de uniformes verde olivo, que también deben favores a Ortega.
Doña Aminta, los nicaragüenses que no comulgan con su partido contribuyen a pagar su salario y el de sus subalternos, tienen derecho a protección, así manda la Ley. Si no puede cumplir, renuncie.
No debemos olvidar que Ortega y doña Aminta son empleados públicos y deben cumplir con su deber aunque ocupen sus cargos ilegalmente. Si no cumplen, la protesta es un derecho.
Los gobiernos se quitan a través de los votos, golpes de Estado, o por rebelión del pueblo, Ortega tiene bajo control los dos primeros.
Cuando se vive tanto abuso e impunidad, la rebelión viene detrás, es justificada, y de eso tiene experiencia Ortega, doña Aminta y el general Julio Avilés. Todo indica que no aprendieron la lección.
La autora es periodista.
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