Los hechos ocurridos en Pantasma el pasado 20 de enero, no solo configuran una grave violación a los derechos humanos sino también violan los compromisos internacionales del Estado en materia de Derecho Internacional Humanitario (DIH), al develarse la participación del Ejército en el operativo de la mochila-bomba.
Los derechos humanos son aplicables en tiempos de paz, en cambio el DIH es aplicado en un conflicto armado. Sin embargo, ello no autoriza al Ejército o a grupos beligerantes (armados) a violar estos estándares si los enfrentamientos no alcanzan el umbral de intensidad para convertirse en conflicto armado no internacional. El respeto al artículo 3 común de los convenios de Ginebra en cualquier tipo de conflicto es una norma de Ius Cogens internacional y por lo tanto debe respetarse siempre, así lo estableció la Corte Internacional de Justicia en el caso Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua en 1986 (párrafos 218 y 219).
Teniendo claro que sí se debe respetar el DIH aunque no haya conflicto armado, la siguiente pregunta que debemos hacer es si es lícito usar a un poblador para detonar un explosivo en una base de beligerantes o de grupos armados. En principio a las Fuerzas Armadas de nuestro país le es lícito atacar bases o campamentos de grupos armados por ser estos objetivos militares, sin embargo el DIH prohíbe atacar a población civil en virtud del Principio de Distinción. El objeto del Ejército es claro, más que matar a un par de armados, es intimidar a la población para que no preste ningún tipo de colaboración con estos grupos.
Ese objetivo no estaría completo sin el asesinato de Modesto Duarte Altamirano, el poblador utilizado para llevar la mochila-bomba al campamento. Ese asesinato, sumado a las signos de tortura que presentaban los cadáveres, y la detención arbitraria de Jadier Duarte evidencia que los métodos utilizados por el Ejército objetivizan a la población civil, lo que al mismo tiempo configura Crimen de Lesa Humanidad.
Por su parte, el coronel Manuel Guevara, jefe de Relaciones Públicas del Ejército, insistió en sus declaraciones que lo que existe es un grupo delincuencial que cultiva y comercializa marihuana, pero ello no explica la presencia del Ejército en el lugar. El hecho es simple, hay tres personas muertas y señalamientos de la comunidad sobre la participación del Ejército y por lo tanto, subsiste la obligación del Estado de investigar los hechos y sancionar a los responsables.
Los familiares de las víctimas tienen derecho de acceso a la justicia, es decir, que las circunstancias de la muerte de sus familiares se esclarezcan; se determinen las formas de participación en estos hechos de personas y autoridades involucradas; y que ello sea sometido a consideración de una autoridad judicial, para aplicar las sanciones correspondientes y resarcir a los familiares como una forma de reparación.
Los familiares de las víctimas, al igual que la sociedad en su conjunto tenemos derecho a la verdad en los términos que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad. Esta medida no solo beneficia a los familiares de las víctimas sino también a la sociedad como un todo, de manera que al conocer la verdad en cuanto a tales crímenes tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro”.
El núcleo esencial de una democracia es el respeto a los derechos humanos y si cualquier autoridad incluyendo el Ejército los viola, aunado a la falta de esclarecimiento y determinación de responsabilidad no solo se genera impunidad y se deslegitima el régimen político, sino también valida los cuestionamientos de la congruencia entre los fines del Estado y la aportación del Ejército a ellos.
El autor es maestro en Derechos Humanos.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
