A los campesinos propietarios de tierras en la ruta del Gran Canal de Nicaragua, se les está reafirmando el temor de que serán expropiados e indemnizados de manera injusta al conocer los valores catastrales de sus propiedades fijados por el Gobierno.
Los campesinos están recibiendo esa información por medio de la hoja de matrícula para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en la cual se determina valor catastral de sus propiedades. En la información acerca de este problema publicada ayer en LA PRENSA, el campesino Abel Marenco García, de la comarca Santa Lucía de Punta Gorda, en el municipio de Nueva Guinea, Región Autónoma del Caribe Sur, asegura que su propiedad vale más de un millón de córdobas pero en la hoja de matrícula del IBI aparece con el valor catastral de solo 60 mil córdobas.
Otro caso es el de Francisca Ramírez, propietaria campesina de la comarca La Fonseca, en el mismo municipio de Nueva Guinea, quien asegura haber comprado su finca hace cuatro años en poco más de un millón de córdobas, pero según la hoja de matrícula del IBI le ha sido valorada catastralmente en apenas 85,125 córdobas. Y menciona también el caso de su madre, cuya casa de dos pisos tiene un valor de mercado de quinientos mil córdobas pero el Gobierno le ha determinado un minúsculo valor catastral de 7,116 córdobas.
Con esto los campesinos confirman su temor de que serán expropiados y desarraigados de sus tierras a cambio de míseras indemnizaciones, en base de valores catastrales subvalorados impuestos por el Gobierno, de acuerdo con la norma establecida por los diputados del Frente Sandinista en la Ley 840, Ley del Gran Canal.
Esto es lo que explica el hecho de que a pesar de las promesas de los voceros del Canal, de que las propiedades expropiadas serán pagadas justamente, los campesinos no ceden en su rechazo categórico al proyecto del Canal y han realizado ya casi 30 marchas en defensa de sus tierras.
Algunas personas se preguntan por qué estos campesinos mantienen esa actitud tan intransigente contra la construcción del Canal, mientras que en el caso de la hidroeléctrica de Tumarín los pobladores llegaron a acuerdos satisfactorios con la empresa brasileña concesionaria, salvando las dificultades que son inevitables en estos casos. Y en los medios gubernamentales se asegura que detrás de las protestas campesinas contra el Canal hay manipulación de “oscuros” intereses políticos.
Pero la verdad es que entre uno y otro caso hay grandes diferencias. En la concesión de Tumarín no se dispuso por Ley que las expropiaciones necesarias para la construcción de la obra se pagarían con base en los valores catastrales determinados por el Gobierno, como sí se ha hecho para el proyecto del Canal. Y tampoco para lo de Tumarín se ha hipotecado la soberanía nacional, como ha ocurrido con la concesión canalera a favor de Wang Jing o del gobierno chino que al parecer está detrás del proyecto.
Y a todo eso se debe agregar el temor a la grave y aún no desvanecida amenaza de que la construcción del Canal podría causar graves e irremediables daños medioambientales, en especial al gran lago de Nicaragua que es fuente de vida para toda la gente de la ruta del Canal.
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