Como es de muchos conocido, estimado lector, los diferentes países tienen organizados sus aparatos de seguridad, prevención y combate a la delincuencia estructurados dentro de sus tres niveles de gobierno, donde cada uno de los niveles tiene bien delineadas sus funciones a través de diferentes ordenamientos legales. Esto es para que exista una mayor colaboración e intercambio de información entre los niveles federal, estatal y municipal en el campo de la inteligencia financiera.
El problema que se ha identificado en algunos casos es el que estructuras como las policíacas en los ámbitos tanto municipal como en el estatal se han visto rebasadas y hasta infiltradas por la delincuencia teniendo que tomar el control de las plazas el gobierno federal.
La inteligencia financiera es aquella que tiene como fin allegarse de información de operaciones tanto financieras como las que se realizan en la economía de los diferentes países, así como de otras agencias gubernamentales nacionales e internacionales con la finalidad de realizar un análisis profundo de dicha información para en el caso de así ameritarse, realizar la denuncia correspondiente ante los fiscales correspondientes, tratándose sobre todo de delitos como los de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y financiamiento al terrorismo.
En México existe la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que está integrada dentro de la estructura del gobierno federal, creada desde el año 2004 y que tiene como principales tareas implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones, que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos previstos en el Código Penal Federal como lavado de dinero y terrorismo nacional e internacional y su financiamiento. La pregunta en este sentido es ¿si la función tan importante que realiza la UIF podría verse fortalecida o no con información generada desde los gobiernos estatales?
Aspectos relevantes a los que sería muy conveniente dar un seguimiento oportuno son que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, adoptó el acuerdo 05/XXX/11, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de septiembre de 2011, en el cual las entidades federativas integrantes se comprometieron a fortalecer la implementación de las medidas necesarias para poner en marcha mecanismos para prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
En ese sentido el Acuerdo del 18 de noviembre de 2011, también del Consejo Nacional de Seguridad Pública contempla el que cada entidad federativa crearía una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, para colaborar eficazmente con las instituciones en la persecución de los delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Al día de hoy son pocos los Estados del país que tienen tipificado del delito de lavado de dinero y menos los que cuentan con Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica. ¿Cuál será la explicación para este retraso?
No hay duda que la UIF Federal ha tenido logros muy importantes durante la presente administración, un aspecto que sin duda fortalecería dichos aciertos sería el fomentar la existencia Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica en todos los Estados de la República Mexicana que bajo su coordinación y planeación de actividades homologadas logren desarticular las estructuras financieras de la delincuencia en sus diferentes modalidades. “Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados”. (Anónimo). ¿Qué opinas estimado lector?
(*)Experto en prevención de lavado de dinero [email protected]
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