La bancada oficialista venezolana se disponía a iniciar el procedimiento para retirarle el fuero al congresista Julio Borges y abrirle un juicio por su presunta vinculación con una conspiración contra el gobierno venezolano.
Borges, segundo dirigente opositor sometido a proceso en menos de una semana, dijo a The Associated Press, que independientemente de las acciones que se inicien contra algunos dirigentes, la oposición seguirá enfocada en las elecciones parlamentarias de este año.
“Lo que nos queda ahorita es defendernos en todas las instancias y que el país sepa que al final tenemos que lograr un cambio y que ese cambio lo vamos a lograr todos los venezolanos con la Asamblea Nacional”, dijo Borges.
El congresista consideró su proceso como un caso de “violencia política”, y sostuvo que el oficialismo decidió emprender acciones en su contra porque Primero Justicia ha sido el partido que ha defendido con más fuerza los comicios parlamentarios, “y eso en este momento el gobierno le teme”.
El dirigente opositor rechazó el martes, durante una sesión de la Asamblea Nacional, el proceso en su contra y dijo que ante la severa crisis que enfrenta el país “se está tomando un camino contrario que es el camino de la confrontación, de la pelea, de la persecución”. “Con ese camino no vamos a salir de la crisis. Yo llamo a la sensatez de quienes tienen el poder en Venezuela”, agregó.
Primero Justicia en la principal fuerza opositora del país de la cual forma parte el líder opositor y ex candidato presidencial, Henrique Capriles.Como parte del endurecimiento de las acciones contra la oposición de los últimos días, la directiva oficialista de la Asamblea Nacional convocó para el martes a una sesión en la que espera arrancar el proceso para retirarle la inmunidad a Borges, dirigente y coordinador nacional de Primero Justicia.
La Constitución otorga inmunidad a los funcionarios electos por votación popular, y establece que para poder someterlos a un proceso judicial el Tribunal Supremo de Justicia debe autorizar el retiro de la protección legal, decisión que luego debe ser avalada por la Asamblea Nacional.
El proceso contra Borges comienza cinco días después del encarcelamiento del alcalde de la región metropolitana de Caracas, Antonio Ledezma, quien también ha sido señalado por el gobierno de estar implicado en un supuesto plan de golpe de estado.Un grupo de congresistas oficialistas acudió el lunes a la Fiscalía General para solicitar una investigación contra Borges por su supuesta relación con un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
El diputado oficialista Darío Vivas señaló el martes a Borges, en la sesión del congreso, de haber escogido “los objetivos tácticos” que serían atacados durante el supuesto golpe, y sostuvo que un general, que identificó como Maximiliano Hernández, fue quien lo delató. “Ese fascista, ese terrorista habla de sensatez”, dijo Vivas al referirse a su colega opositor.
“Hay suficientes elementos para quitarle la inmunidad y que este señor (Borges) vaya a ocupar un calabozo”, dijo a una radio local el diputado oficialista Dario Vivas, pero no mostró pruebas.
La coalición opositora rechazó la víspera los señalamientos y acciones emprendidas contra Borges y otros dirigentes, y planteó que el gobierno busca con estos procesos desviar la atención porque está “sumamente desesperado” por la compleja situación económica que enfrenta el país y la pérdida de popularidad de Maduro que cuenta con un respaldo popular cercano al 22%.
Ledezma, Borges, 11 oficiales, algunos de ellos retirados, y un empresario fueron señalados la semana pasada por las autoridades de estar implicados en un supuesto complot.
Desde que asumió el gobierno en abril del 2013 Maduro ha denunciado más de una docena de planes de sabotaje, magnicidios, y complots, pero hasta el momento las autoridades no han informado sobre el avance de las investigaciones de esas denuncias.
Venezuela está sumida en una crisis económica con una desbordada inflación que cerró el año pasado en 68.5%, un severo desabastecimiento de algunos bienes básicos, una recesión que podría profundizarse este año por el descenso de los precios del crudo, que es la principal fuente de ingresos del país.