En octubre de 1989, el Consejo Supremo Electoral (CSE) decidió rifar las casillas de votación para los 9 partidos políticos y la alianza electoral que se habían inscrito para participar en las elecciones del 25 de febrero de 1990. De una urna especialmente dispuesta para el caso, los representantes de cada organización debían sacar una papeleta con el número de casilla que le correspondería a otra de las contendientes.
Al jefe de campaña del Frente Sandinista, Bayardo Arce, le tocó sacar de la urna el número de casilla de la Unión Nacional Opositora (UNO), y la boleta que extrajo el comandante sandinista fue la del número uno. La casilla uno para la alianza UNO.
Muchos percibieron aquella casualidad como un augurio providencial del resultado de las votaciones. Pero a otras personas mejor informadas, el sorprendente resultado del sorteo de las casillas les confirmó su confianza en que la UNO y doña Violeta Barrios de Chamorro ganarían las elecciones, pues desde mediados de 1989 los primeros sondeos de la encuestadora costarricense de Víctor Borge sugerían que solo ella podría derrotar a Daniel Ortega.
Y así fue. En la noche del 25 de febrero de 1990, los resultados de la votación indicaron que doña Violeta había ganado con el 54.74 por ciento de los votos y que Daniel Ortega perdió con el 40.82 por ciento de los sufragios.
Pero más allá de lo anecdótico, lo más importante es que las elecciones del 25 de febrero de 1990, hoy hace 25 años, dejaron valiosas enseñanzas políticas no solo para Nicaragua sino también de validez internacional. Entre esas enseñanzas podemos destacar la de que las elecciones no solo son la base sobre la cual funciona la democracia. La experiencia de Nicaragua demostró que bajo determinadas circunstancias nacionales e internacionales, unas elecciones libres y limpias también pueden ser un medio apropiado para salir de una dictadura y transitar a un sistema de gobierno democrático, así como para poner fin pacíficamente a regímenes dictatoriales e incluso totalitarios; para restablecer la paz en un país que se encuentra desgarrado por graves conflictos armados y para promover la unidad nacional que es condición indispensable para el progreso y el bienestar social.
Por otra parte, la experiencia de Nicaragua demuestra que la conquista de la democracia por la vía electoral, como ocurrió el 25 de febrero de 1990, no garantiza la permanencia del sistema democrático de gobierno. Del mismo modo que un proceso electoral justo y limpio puede abrir el camino a la democracia, también por medio de elecciones libres se puede instalar una dictadura, o regresar a ella bajo nuevas modalidades. Y perder el derecho a cambiar de gobierno mediante elecciones, como pasó en noviembre de 2006, cuando gracias al pacto con Arnoldo Alemán y la división del voto democrático Daniel Ortega ganó las elecciones y desde entonces la frágil democracia nicaragüense comenzó a retroceder y a degradarse.
Los políticos demócratas de Nicaragua olvidaron, o quizás nunca conocieron ni entendieron, la advertencia de Thomas Jefferson de que el precio de conservar la libertad (y la democracia) es la eterna vigilancia. Con todo lo que esto significa de eficacia gubernamental, moralidad política y firmeza de principios y valores democráticos.